Fuente: Espinoza, Alexander, “La Protección Jurídica en el Contencioso Administrativo”, Instituto de Estudios Constitucionales, Caracas 2009.

 

Acciones contra vías de hecho

Mientras que la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia no contenía referencia alguna al control judicial de las vías de hecho de la Administración, tanto la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establecen cierta regulación al respecto.

En cuanto a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dicha ley se caracteriza por la amplitud en cuanto al objeto del control. En su artículo 2, establece que la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. En su artículo 5, la Ley Orgánica de Amparo dispone que la acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales.

Por su parte, el artículo 5, numeral 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia atribuye al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, la competencia para conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Nacional y demás altas autoridades de rango nacional que ejerzan el Poder Público. Sin embargo, dicha ley no contiene ninguna disposición destinada al desarrollo de este tipo de reclamaciones.

La falta de desarrollo legislativo en cuanto a los requisitos de admisibilidad y procedencia de la acción contra vías de hecho deja abierta la posibilidad de la más variada interpretación por parte de la doctrina y jurisprudencia.

En criterio de la profesora Hildegard Rondón de Sansó se entiende por vía de hecho las actuaciones materiales de la Administración que no estén sustentadas en un acto expreso. También se denomina vía de hecho a los actos en los que en el cumplimiento de una actividad material de ejecución “se comete una irregularidad” en perjuicio del administrado.[1]

Con frecuencia la calificación de una actuación de la Administración como “vía de hecho” se identifica automáticamente con una conducta contraria a derecho, debido a la falta de legitimación a través de un acto y procedimiento previos. [2]

Pero esta posición confunde la determinación del objeto de control con el aspecto de fondo. En contra de tal concepción estricta de la noción “vía de hecho”, que sólo estubiera referida a actuaciones materiales contrarias a derecho, se puede señalar que se trata de una denominación utlizada por nuestra legislación para designar un tipo de acción o pretensión contencioso-administrativa. Para establecer la idoneidad de la demanda contra vías de hecho es suficiente la identificación de una conducta material o vía de hecho, mientras que la sujeción a derecho de tal conducta es propio del análisis de la sentencia definitiva.

En efecto, es posible que la ley habilite a un órgano de la Administración a realizar actuaciones materiales, incluso sin un procedimiento o acto administrativo previos. Tal es el caso del uso de la fuerza por parte de funcionarios de policía, a que se refieren los artículos 73 y siguientes de la Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía. También es posible que, a partir de un acto administrativo válido, se produzca una ejecución que exceda el alcance del acto, asi como situaciones, en las cuales, a falta de afectación de situaciones jurídicas no se requiera de un acto administrativo, pero que tal afectación se produzca en la actuación material. Tal sería el caso de la administración prestacional. Igualmente, pertenecen a esta categoría las expresiones contentivas de informaciones o de opiniones de funcionarios públicos dirigidas a producir un efecto en la opinión pública, capaz de afectar en forma mediata derechos fundamentales de terceros.[3]

Constituye una vía de hecho el proceder primero a sancionar (comisar equipos y cerrar instalaciones), y luego a acordar el inicio de un procedimiento administrativo, cuyo objeto sería la inspección de las actividades la misma sociedad, en perjuicio del debido procedimiento administrativo contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (SPA-TSJ 12/03/03 Exp. n° 02-1571).  También ha sido calificada como tal la construcción de una cerca que limitaría el ejercicio del giro comercial llevado a cabo por la accionante dentro de las instalaciones del aeropuerto en perjuicio de sus derechos constitucionales de libertad económica, defensa y al debido proceso, por haberse realizado tal actuación sin que mediara un procedimiento previo para tal fin (SC-TSJ 20/02/2003 Exp. Nº. 01-0777)

Ocasionalmente, la jurísprudencia estimó procedente la demanda de nulidad en contra “de una decisión administrativa tácita” que derivaría de actuaciones materiales de la Administración. [4]

La amplitud en el objeto de control ofrecida en Venezuela por la Ley Orgánica de Amparo dió lugar a la utilización de tal mecanismo de protección, en contra de vías de hecho de la Administración, en el entendido que constituía una infracción al derecho a la defensa y el debido proceso.[5] No obstante, la tendencia de la Sala Constitucional a considerar la improcedencia del amparo constitucional frente a las acciones ordinarias en el contencioso administrativo, ha dado lugar a un desarrollo interesante, que tiene como punto de partida, la calificación como „un verdadero sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos“ (SCON-TSJ 05/05/2006 Exp. n° 04-0291 DIAGEO VENEZUELA, C.A.). De allí deriva que las vías de hecho y actuaciones materiales de la Administración pueden ser objeto de recurso contencioso-administrativo, a pesar de que la acción destinada a su impugnación no se encuentre expresamente prevista en la ley (SCON-TSJ 05/05/2006 Exp. n° 04-0291 DIAGEO VENEZUELA, C.A.). Los tribunales con competencia contencioso-administrativa deben dar cabida a todo tipo de pretensión que tenga como origen una relación jurídico-administrativa, independientemente de que la ilegalidad derive de un acto, hecho u omisión, y sin que sea óbice la inexistencia de medios procesales especiales respecto a determinada actuación, reconociendo así un “sistema abierto de pretensiones” a proponerse ante la referida jurisdicción (CSCA 18/06/2008 Exp N° AP42-O-2008-000076 BLUE NOTE PUBLICIDAD, C.A., con más referencias). La persona que resulte afectada por la actuación material de la Administración o vía de hecho puede, válidamente, hacer valer sus derechos, incluso de rango constitucional, a través de una “demanda contencioso-administrativa (SCON-TSJ 24/04/2008 Exp. 08-0090 BLUE NOTE PUBLICIDAD C.A.)

 

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[1] Rondón de Sansó, „Análisis de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia“ pág. 129

[2] Con abundantes referencias Badell Madrid, “El Recurso de Nulidad” (2006) pág. 26. Igualmente, Ortiz Ortiz, “El Control Judicial de la Vía de Hecho Administrativa”, pág. 236

[3] Véase al respecto, el tema de la afectación fáctica o mediata. Referencias en Ortiz Ortiz, “El Control Judicial de la Vía de Hecho Administrativa”, pág. 252

[4] Referencias en Badell Madrid, “El Recurso de Nulidad” (2003) pág. 82

[5] Referencias en Badell Madrid, “El Recurso de Nulidad” (2006) pág. 28

 

 

 

GLOSARIO

 

 

 

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