Fuente: Espinoza, Alexander, “DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PENAL”, Instituto de Estudios Constitucionales, Caracas 2010

 

 

 

b)         La Previsión Legal expresa

 

 

No existe una facultad general de los cuerpos de policía, de requerir la identificación de las personas, salvo en el caso del conductor de un vehículo o de los extrangeros en el territorio de la Nación.

 

 

En efecto, el artículo 33 de la Ley del Servicio Nacional de Seguridad de 1938[1], derogada,[2] disponía que, los infractores de la obligación de presentación de la Cédula personal, serían penados con multa desde cincuenta hasta doscientos bolívares, o arresto proporcional. Actualmente no constituye delito ni falta la omisión de llevar consigo la cédula de identidad.[3] Tampoco existe disposición legal expresa que estableza tal obligación.

 

 

Más bien, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Identificación,[4] la Cédula de Identidad constituye el documento principal de identificación, para los actos civiles, mercantiles, administrativos, judiciales y para todos aquellos casos en los cuales su presentación sea exigida por la ley. Por interpretación en contrario, la identidad de una persona puede ser demostrada por otros medios. Pero además debe advertirse que la norma citada no crea por sí misma la obligación de presentar el documento, sino que hace una remisión genérica a una ley expresa.

 

 

A diferencia de la cédula de identidad, existe un deber general del conductor de un vehículo de portar la licencia de conducir, vigente y el Certificado Médico de Salud Integral vigente.[5] El artículo 71 de la Ley de Transporte Terrestre establece la sanción de multa por no portar los documentos indicados, pero no establece las condiciones en las cuales pueden ser requeridos tales documentos.[6]

 

 

Una situación similar se plantea en el caso de los extranjeros que ingresen y permanezcan en el territorio nacional. El numeral 2 del artículo 14 de la Ley de Migración y Extranjería establece el deber de los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, de presentar ante las autoridades los documentos que los identifiquen, cuando le sean requeridos. Dichos documentos, no podrán ser retenidos por las autoridades.

 

 

Algunas disposiciones legales habilitan a los funcionarios de policía a establecer la identificación de las personas:

 

 

¨        Los artículos 19 y 28 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas[7] facultan al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para garantizar la identificación de las personas, „que pudieran brindar información que contribuya con la investigación.“

 

 

¨        El artículo 558 de la Ley Organica para la Proteccion del Niño y del Adolescente,[8] faculta al Juez de Control, en el curso de una investigación, a solicitud del Fiscal del Ministerio Público y, en su caso, del querellante, para acordar la detención preventiva del adolescente hasta por noventa y seis horas, cuando éste no se encuentre civilmente identificado o se haga necesaria la confrontación de la identidad aportada, habiendo duda fundada. Esta medida sólo será acordada si no hay otra forma de asegurar que no se evadirá. Si se lograre antes la identificación plena se hará cesar la detención.

 

 

¨        El artículo 68 de la Ley de Policia Regional del Estado Zulia[9] dispone que, durante los operativos especiales, los Oficiales Policiales podrán arrestar a un ciudadano, cuando se negare a identificarse o a que se practique la requisa correspondiente, o cuando no portare documentos de identidad.

 

 

Como resultado parcial, podemos señalar que la facultad general de requerimiento de la identidad de una persona no deriva de una disposición legal expresa, salvo en el caso de la licencia de conducir y la identificación de extrangeros.

 

 

 

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b)         La Previsión Legal expresa

http://www.estudiosconstitucionales.com/GLOSARIO_Archivos/217.htm

 

[1] Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela de 4 de agosto de 1938 Número 19.637

[2] A más tardar por la Ley Orgánica de Identificación, Gaceta Oficial N° 29.998 del 4 de enero de 1973

[3] La legislación penal se considera reservada en Venezuela al Poder Legislativo Nacional. Ver referencias en Espinoza, „Principios de Derecho Constitucional“ pág. 267

[4] Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.458 de fecha 14 de Junio del 2006

[5] Artículo 63 de la Ley de Transporte Terrestre. Gaceta Oficial Nro. 38.985 de 01 de agosto 2008: „Para conducir un vehículo, la persona debe obtener y portar la licencia o título profesional de conducir, vigente, del grado o categoría que corresponda al tipo de vehículo a motor respectivo, expedida por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y el Certificado Médico de Salud Integral vigente...“

[6] Artículo 171. Serán sancionadas con multas de tres Unidades Tributarias (3 U.T.), sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta y otras leyes, quienes incurran en las siguientes infracciones:

1. Conducir vehículos con licencia o título profesional vencido, o no portarlo al serle requerido por la autoridad competente.

2. Conducir vehículos con el Certificado Médico de Salud Integral vencido, o no portarlo al serle requerido por la autoridad competente.

[7] Gaceta Oficial N° 5.551 de fecha 09 de noviembre de 2001

[8] Gaceta Oficial N° 5. 266 Extraordinario de fecha 2 de octubre de 1998

[9] Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Veinticinco (25) días del mes Mayo del año dos mil uno