SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente N° 06-1644

 

El 9 de noviembre de 2006, se recibió en esta Sala el Oficio Nº 569-2006 del 18 de octubre de 2006, anexo al cual el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, remitió el expediente contentivo de la acción de “habeas data” interpuesta por el ciudadano ALFREDO JAVIER RINCÓN CARBONELL, titular de la cédula de identidad N° 12.330.907, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil VENEZUELAN ENGINEERING SUPPLY CONSTRUCTION COMPAÑÍA ANÓNIMA (VENESC, C.A.), inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 4 de agosto de 2000, bajo el N° 29, Tomo 39-A, asistido por el abogado José Antonio Carrero Araujo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 35.445, contra la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 

El 20 de marzo de 2006, el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, se declaró incompetente para conocer del presente amparo, y en vista de haber sido el segundo órgano jurisdiccional en declarar su incompetencia remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el mismo, a los efectos de resolver el conflicto negativo de competencia planteado.

 

En virtud de su reconstitución, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y, los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

 

El 13 de noviembre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

 

I

ANTECEDENTES

 

De los recaudos contenidos en el expediente, pudo constatar esta Sala las siguientes actuaciones:

           

El 14 de febrero de 2006, el ciudadano Alfredo Javier Rincón Carbonell, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil Venezuelan Engineering Supply Construction Compañía Anónima (VENESC, C.A.), interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, escrito contentivo de la acción de “habeas data” contra la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 

El conocimiento de dicha acción, correspondió al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, el cual por decisión del 17 de febrero de 2006, se declaró incompetente para conocer la presente acción de “habeas data” y declinó la competencia en el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana.

 

Recibido el presente expediente el 23 de febrero de 2006 en el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, éste a través de decisión del 20 de marzo de 2006, se declaró incompetente y ordenó la remisión del expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de resolver el conflicto de competencia suscitado.

 

El 9 de octubre de 2006, se recibió en esta Sala proveniente del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, el expediente contentivo de la acción de “habeas data” ejercida, para decidir el conflicto de competencia planteado.

 

 

II

DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

 

La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:

 

Que su representada se encuentra autorizada para actuar como Depósito Aduanero Temporal y como Depósito Aduanero In-Bond; y en el legítimo ejercicio de tales actividades, decidió solicitar al Servicio Autónomo Puerto de Maracaibo del Estado Zulia (SAPMEZ), el arrendamiento de un terreno adicional al que ya poseía, y dirigió al efecto las solicitudes correspondientes.

 

Que el referido Servicio Autónomo le otorgó en arrendamiento un área de 5.025 m2, por lo cual procedió a solicitar a la Intendencia de Aduanas, la extensión de sus autorizaciones para actuar como almacenista en dicha área, contigua a la ya permisada.

 

Que visto que la Intendencia incurrió en tardanza para otorgarle la autorización administrativa, la accionante procedió a descargar mercancías en el área descrita, sin intención de incurrir en delito o defraudación alguna.

 

Que el 7 de febrero de 2006, la funcionaria Ángela Velásquez Sánchez se presentó en las instalaciones de la accionante, provista de la Providencia Administrativa N° SNAT-INA-GCA-2006-PA-0001 de esa misma fecha, mediante la cual el Gerente de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del SENIAT le autorizaba a llevar a cabo una verificación de las instalaciones; procediendo posteriormente a la retención preventiva de un lote de mercancías que reposaba en el expresado terreno, según consta del Acta N° SNAT/INA/GCA/DCP/2006-PA-0001-02; la cual se basa en el artículo 3.2 de la Ley sobre el Delito de Contrabando.

 

Que con dicha actuación se le violan los derechos consagrados en los artículos 28 y 143 de la Constitución.

 

Que la Ley de Contrabando es una ley ordinaria que deroga en forma inconstitucional el Título I Capítulo VI de la Ley Orgánica de Aduanas, por lo cual el delito de contrabando del que se le acusa es inconstitucional; puesto que a la Gerencia de Control Aduanero le corresponde el control posterior de la actuación aduanera.

 

Señala que se le ha violado el derecho de acceder a la información contenida en las actas que conforman el expediente administrativo, pues la Providencia autorizatoria de la funcionaria actuante (N° SNAT-INA-GCA-2006-PA-0001) tiene espacios en blanco que hacen dudar de la fecha de la Providencia, pues resulta ilógico que la Providencia Número 1 haya sido emitida en el mes de febrero de 2006.

 

Que no hay evidencia que la funcionaria actuante sea Fiscal Nacional de Hacienda ni se indica la norma que le atribuye competencia para actuar; o que tenga un interés particular, legítimo y directo en determinar la proveniencia de las informaciones que fundamentaron los actos de la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del SENIAT, al ser afectadas por las mismas.ä

 

Que solicitan a través de la presente acción que se le muestre la actuación administrativa N° 001 del 17 de febrero de 2006; que se coteje su exactitud con la copia presentada en autos; que se determine la secuencia temporal de las providencias administrativas emanadas del Gerente de Control Aduanero y si para el 7 de febrero de 2006 existían providencias previas y posteriores a la N° 001; que se determine si la Providencia fue emitida con espacios en blanco y si éstos fueron llenados a mano por la funcionaria Ángela Velásquez Sánchez; y si la Providencia acompañada es copia fiel de la que existía en ese órgano administrativo.

 

Requiere asimismo que se remitan las actuaciones a la Contraloría General de la República a fin de que ésta determine las responsabilidades constitucionales y legales; se oficie a la Gerencia de Control Aduanero para que destruya todas y cada una de las menciones relativas a la accionante en los expedientes que reposan en dicha Gerencia; y sea eliminada la nota de prensa del 14 de febrero de 2006 que aparece en la página web del SENIAT, referente a su representada.

 

 

III

DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO

DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DEL ÁREA METROPOLITANA

DE CARACAS

 

Mediante sentencia del 17 de febrero de 2006, el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, se declaró incompetente para conocer de la acción de “habeas data” interpuesta y, en consecuencia, declinó la competencia en el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, con base en las siguientes consideraciones:

 

“(…) De los documentos que cursan en el caso sub judice, como lo son la Providencia Administrativa N° SNAT-INA-GCA-2006-0001 de fecha 7 de febrero de 2006 (folio 16), Acta de Retención Preventiva N° SNA/INA/GCA/DCP/2006-PA-000-1-2 de fecha 8 de febrero de 2006 (folios 17 al 19), Acta de Constancia (folios 20 al 22), Comunicación dirigida por la accionante al Intendente Nacional de Aduanas de fecha 13 de noviembre de 2004 (folio 59), Providencia N° 2180 de fecha 5 de septiembre de 2003 (folio 60) y Providencia N° 2181 de fecha 5 de septiembre de 2005 (folio 61), se desprende claramente como domicilio fiscal de la contribuyente, el siguiente: Avenida 1 B, Puerto de Maracaibo, Área de Almacén, N° 5, Estado Zulia.

En consecuencia, conforme el criterio jurisprudencial precedentemente expuesto, al tener la contribuyente VENEZUELAN ENGINEERING SUPPLY CONSTRUCTION COMPAÑÍA ANÓNIMA (VENESC, C.A.), su domicilio fiscal ubicado dentro de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el conocimiento de la acción de habeas data ejercida corresponde indudablemente al Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Zuliana, creado mediante Resolución N° 2003-0001, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 21 de enero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.622 de fecha 31 de enero de 2003, con sede en Maracaibo y competencia territorial en la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

En mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, con fundamento en lo establecido en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, se declara INCOMPETENTE POR EL TERRITORIO para conocer de la acción autónoma de habeas data ejercida por el ciudadano Alfredo Javier Rincón Carbonell, actuando en su carácter de Presidente de la contribuyente VENEZUELAN ENGINEERING SUPPLY CONSTRUCTION COMPAÑÍA ANÓNIMA (VENESC, C.A.) (…)”.

 

IV

DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO SUPERIOR

DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGIÓN ZULIANA

 

Mediante sentencia del 20 de febrero de 2006, el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, se declaró incompetente a su vez, y planteó conflicto negativo de competencia ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, previo a lo cual efectuó las siguientes consideraciones:

 

 

“(…) el Tribunal observa que la accionante solicita la realización de actos propios de una prueba anticipada: Que se le muestre la Providencia Administrativa No. SNAT/DCA/2006/0001 del 17-02-2006; que se coteje la misma con la copia de actas, que se determine la secuencia temporal de las Providencias emanadas del Gerente de Control Aduanero y si existían providencias administrativas previas y posteriores; que se determine si la providencia fue emitida con espacios en blanco y si estos fueron llenados a mano por la funcionaria Ángela Velásquez; y si la Providencia Administrativa No. SNAT/INA/GCA/2006-PA-0001 suministrada a este Tribunal es copia de la que reposa en los archivos de ese órgano administrativo.

Estos aspectos, en principio, no parecen corresponder a un Habeas Data, pues no pretenden acceder a la información que sobre la accionante se tiene en un sistema general de recopilación de datos sino se pretende la investigación de un acto administrativo concreto, contra el cual existen medios procesales ordinarios de impugnación y de prueba.

En cuanto a la denuncia ante la Contraloría General de la República de infracción de normas constitucionales y legales por parte del Gerente de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del SENIAT, el Tribunal considera que dicha medida sería consecuencia de un procedimiento contradictorio previo, distinto a la acción de Habeas Data.

Sin embargo, el Tribunal observa que la parte accionante pretende se elimine la nota de prensa aparecida en la página web del SENIAT de fecha 14 de febrero del presente año; acción que en principio correspondería a un Habeas Data; por lo cual el Tribunal estima aplicable lo dispuesto por la Sala Constitucional en los fallos que anteceden, en donde se establece que es dicha Sala la competente para conocer de las violaciones a los derechos consagrados en el artículo 28 de la Constitución; en razón de lo cual el Tribunal estima que el Órgano Jurisdiccional competente para conocer y resolver de la presente acción, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Por los fundamentos y razonamientos expuestos y por cuanto la acción intentada no se encuadra dentro de la materia competencial de este Tribunal, este órgano en el dispositivo del fallo se declarará INCOMPETENTE para el conocimiento de la presente acción

(…) Se observa, que al ser este Juzgado el segundo que se declara incompetente, debe proponer de oficio la regulación de competencia, conforme lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil (…).

Ahora bien, visto que en el caso de autos se ha planteado un conflicto de competencia negativo entre el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas y este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana; y tomando en consideración la doctrina sentada por la Sala Constitucional a la que se ha hecho referencia en este fallo, este Tribunal resuelve proponer el presente conflicto de competencia directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…)”.

 

 

V

DE LA COMPETENCIA

 

En el presente caso se ejerció una acción denominada por la parte actora como “habeas data”, contra la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 

En tal sentido, en casos como el planteado es esencial analizar si las situaciones denunciadas, fundadas en el artículo 28 constitucional, se subsumen en los supuestos de la acción de amparo constitucional o en los de la acción autónoma de “habeas data”.

 

Ello así debe indicarse, que la competencia de la Sala en lo que concierne a los conflictos negativos de competencia que en materia de amparo constitucional se susciten entre los tribunales de la República, está prevista en el artículo 266 numeral 7 de la Constitución de la República la cual establece que: "(…) Artículo 266.- Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior común a ellos en el orden jerárquico (…)".

 

            Asimismo, el artículo 5.51 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al respecto señala lo siguiente: “(…) Artículo 5.- Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (…) 51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido; (…) En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida (…)”.

Por su parte, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone: "(…) Artículo 12.- Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo entre Tribunales de Primera Instancia serán decididos por el Superior respectivo. Los trámites serán breves y sin incidencias procesales (…)".

 

Así pues, de las disposiciones transcritas se desprende que si el juez o tribunal que ha de suplir a otro que se hubiese declarado incompetente, se considerase también incompetente, deberá plantear, de oficio, conflicto negativo de competencia; y ante la inexistencia de un Tribunal Superior común a ambos jueces, la decisión corresponderá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser la afín en materia de amparo constitucional.

 

Por ello, ya sea que el caso de autos de trate de una acción de amparo constitucional (donde esta Sala Constitucional posee la competencia para dirimir los conflictos negativos de competencia en dicha materia, como se explanó con anterioridad), o se refiera a una acción de “habeas data”, cuyo conocimiento corresponde de forma exclusiva y excluyente a esta Sala, debe indicarse que es esta Sala del Máximo Tribunal la competente para dilucidar a qué órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento de la presente causa.

 

En consecuencia, esta Sala se declara competente para conocer del conflicto negativo de competencia planteado en la presente acción. Así se decide.

 

                                                                            VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala Constitucional previamente determinar la naturaleza de la pretensión contenida en el escrito libelar. En efecto, el aspecto primordial a analizar en el presente caso, consiste en determinar antes de entrar en cualquier otro tipo de consideración, si las situaciones denunciadas fundadas en el artículo 28 constitucional, se subsumen en los supuestos de la acción de amparo constitucional o en los de la acción autónoma de “habeas data” y, a partir de ello, determinar la competencia de esta Sala Constitucional para conocer de la acción planteada, para así luego proceder al análisis de su admisibilidad o su remisión al tribunal competente de ser el caso.

            En tal sentido, esta Sala observa que la acción denominada como “habeas data” fue interpuesta por el ciudadano Alfredo Javier Rincón Carbonell, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil Venezuelan Engineering Supply Construction Compañía Anónima (VENESC, C.A.), contra la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para que se le muestre la actuación administrativa N° 001 del 17 de febrero de 2006; que se coteje su exactitud con la copia presentada en autos; que se determine la secuencia temporal de las providencias administrativas emanadas del Gerente de Control Aduanero y si para el 7 de febrero de 2006 existían providencias previas y posteriores a la N° 001; que se determine si la Providencia fue emitida con espacios en blanco y si éstos fueron llenados a mano por la funcionaria Ángela Velásquez Sánchez; y si la Providencia acompañada es copia fiel de la que existía en ese órgano administrativo.

 

Asimismo, pretende a través de la presente acción de “habeas data” se remitan las actuaciones a la Contraloría General de la República a fin de que ésta determine las responsabilidades constitucionales y legales; se oficie a la Gerencia de Control Aduanero para que destruya todas y cada una de las menciones relativas a la accionante en los expedientes que reposan en dicha Gerencia; y sea eliminada la nota de prensa del 14 de febrero de 2006 que aparece en la página web del SENIAT, referente a su representada, situación esta que en criterio de la parte actora, vulneró su derecho a la información contenido en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Ahora bien, de acuerdo con los términos en los que fuera planteada la controversia, esta Sala encuentra necesario señalar que mediante fallo N° 332 del 14 de marzo de 2001, caso: “INSACA”, dictado por esta Sala se precisó, con relación a la figura del “habeas data”, lo siguiente:

 

“Como el ‘habeas data’ no puede confundirse con un amparo, a diferencia de los autores que lo consideran una forma de amparo (…) ya que puede originarse en derechos distintos de los del amparo, esta última vía sólo puede utilizarse, cuando se cumplan los requisitos para su procedencia, enumerados en el Capítulo I retro, si es que la situación jurídica del accionante va a sufrir un daño irreparable por la actitud del accionado. Se trata en estos casos no de una acción de ‘habeas data’, sino de una de amparo, destinada a que el querellante goce y ejerza los derechos que le otorga el artículo 28 comentado, que le están siendo conculcados, si es que el demandado realmente los está infringiendo, situación que exige pruebas claras de los derechos del accionante y de la infracción ilegítima que adelanta el demandado. Claro está, que los efectos de estos amparos serán los que la Constitución le atribuye al habeas data, pero a los requisitos de estas específicas acciones, en los casos en que sea procedente, hay que adosarles y cumplir los del amparo”.

 

Al respecto, estableció la Sala que para la defensa del artículo 28 constitucional existen dos mecanismos diferentes de protección, a saber: el amparo y la acción de “habeas data”, los cuales fueron igualmente diferenciados en la sentencia N° 920 del 15 de mayo de 2002, caso: “Luis Fernando Velazco”, en los siguientes términos:

 

“En efecto, la decisión que pronunció esta Sala indicó que en aquellos supuestos en que los particulares se encontrasen involucrados dentro de una situación que perjudicase sus derechos e intereses relacionados con los principios establecidos en el artículo 28 constitucional, podían accionar en pro de la defensa de los mismos, mediante el ejercicio de los siguientes medios procesales: a) acción autónoma de amparo constitucional por la vulneración de los derechos constitucionales contemplados en el citado artículo 28, siempre y cuando el ejercicio de la misma no tuviese por finalidad causar efectos que sean más bien propios de un procedimiento inquisitivo o de pesquisa, puesto que el amparo solamente tiene efectos restablecedores y; b) el ejercicio de la acción de hábeas data como un medio que da inicio a un procedimiento inquisitivo y pesquisitorio que permite conocer y acceder a los interesados a determinadas informaciones que versen directamente sobre sus derechos e intereses, por ser éste el mecanismo procesal idóneo para aquellos casos en que se necesite determinar la existencia de ciertas informaciones de las que no se tiene conocimiento cierto, o si su utilización tiene una finalidad lícita o si la misma deba ser modificada, actualizada o destruida” (Resaltado de este fallo).

 

De esta manera, la Sala discriminó ambos tipos de acciones, para concluir que los derechos contemplados en el referido artículo 28 podían ser tutelados a través: i) de la acción de “habeas data”, en los supuestos relacionados con la solicitud de actualización, rectificación o destrucción de datos falsos o erróneos que se encuentren en un registro; y ii) a través de la acción de amparo constitucional con el propósito de que sean restituidas o reparadas las situaciones jurídicas infringidas, en las que exista violación de los derechos contemplados en el artículo 28 constitucional (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.504 del 29 de octubre de 2004, caso: “María Isabel Mijares Herbilla”).

 

Ahora bien, esta Sala hace notar que lo pretendido en el caso bajo análisis es el ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la obtención de una información relacionada con la actuación administrativa N° 001 del 17 de febrero de 2006; a los efectos de realizar unos cotejos y aclaratorias relacionadas con la investigación fiscal que se le sigue a la accionada por el presunto delito de contrabando.

 

En efecto, si bien la parte solicita en los últimos de sus pedimentos que se oficie a la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del SENIAT para que destruya todas y cada una de las menciones relativas a la quejosa en los expedientes que reposan en dicha Gerencia y sea eliminada la nota de prensa del 14 de febrero de 2006 que aparece en la página web del SENIAT, referente a la sociedad mercantil actora, donde se indica que “El Seniat retuvo mercancía de almacén que operaba sin autorización en Maracaibo”, debe indicarse que el “habeas data” procede a los efectos de modificar, actualizar o destruir una información siempre y cuando se compruebe su falsedad y, en el presente caso, está en curso un proceso investigativo en desarrollo, donde no existen indicios a los autos de que la solicitante esté libre de las acusaciones que reposaban en su contra, y que ameriten su destrucción.

 

Así las cosas, esta Sala precisa que en el presente caso la parte accionante, a pesar de que denominó su acción como “habeas data”, e insisten en que no se refiere a una acción de amparo constitucional, se desprende que lo que realmente subyace como petición es que se le permita obtener una información, de allí que resulta evidente que su solicitud se trata de una acción de amparo constitucional relativo al derecho a la información, toda vez que, a juicio de la quejosa, existe una situación jurídica que debe ser reparada, consistente en la imperiosa entrega de una información por parte de la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 

En atención a lo expuesto, se advierte que el objeto de la pretensión deducida en el caso de autos no tiene como fin la actualización, rectificación o destrucción de datos falsos o erróneos de una información sobre la accionante, por lo que esta Sala estima que en el presente caso no estamos en presencia de una pretensión que tenga por objeto la extinción, modificación o actualización de un derecho, con fundamento en el tantas veces citado artículo 28 eiusdem, sino sobre la obtención de determinadas informaciones, cuyo desconocimiento le ha impedido el goce y ejercicio de la garantía constitucional en él contenida, supuesto para el cual el amparo constitucional resulta la vía idónea para restablecer la situación jurídica infringida, siempre y cuando se cumplan los requisitos para su admisibilidad y procedencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.913 del 7 de octubre de 2005, caso: “Cecilia Donzela de Castro y Graciela Romero de Sahmkow”).

 

En tal sentido, se observa que al tratarse el presente caso de infracciones constitucionales provenientes del manejo de información recopilada y, como quiera que la infracción delatada podría constituir una afrenta al derecho de acceso a la información de la accionante, la pretensión objeto de estos autos debe ser calificada como un amparo constitucional, por lo que corresponderá al juez de instancia analizar si la situación narrada se enmarca o no en los derechos que le otorga la Constitución a la empresa Venezuelan Engineering Supply Construction Compañía Anónima (VENESC, C.A.), conforme a lo interpretado en este fallo.

 

De manera que, vista la naturaleza de la acción incoada, esta Sala no es la competente para la resolución del caso de marras, por lo que queda es determinar cuál es el órgano judicial que debe seguir conociendo del procedimiento.

      

A tal efecto, la Sala observa que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:

 

“Artículo 7. Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”.

 

La norma transcrita consagra las reglas para determinar la competencia ratione materiae y ratione loci, para conocer de las acciones de amparo constitucional, cuando éstas se ejerzan por vía principal. Sin embargo, en esta materia, no sólo es necesario analizar la naturaleza del derecho o la garantía constitucional presuntamente violada o amenazada de violación, que, por ser genéricas, pueden corresponder a distintas categorías competenciales, sino que también es menester observar la relación existente entre la infracción denunciada y la situación jurídica que involucra a las partes, la cual, debe ser subsumida objetivamente dentro de los principios de competencia.

 

Así pues, debe indicarse que la acción incoada se fundamenta en presuntas infracciones constitucionales producidas por la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por lo que la lesión denunciada tuvo lugar en la relación jurídico tributaria existente entre la compañía accionante y el aludido órgano administrativo; en consecuencia, su ámbito material corresponde a lo tributario.

 

De manera que, siendo que en el presente caso la acción de amparo es incoada contra presuntas actuaciones inconstitucionales por parte de la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Sala juzga, visto el carácter orgánico del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) como servicio autónomo sin personalidad jurídica, según se deriva del artículo 2 de la ley que rige sus funciones, publicada en Gaceta Oficial N° 37.320 del 8 de noviembre de 2001, resulta forzoso concluir que el Tribunal competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es el Juzgado Superior en lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, puesto que el hecho denunciado como lesivo se materializó en la referida Circunscripción Judicial.

 

En consecuencia, ordena la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, que es el órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de la pretensión de amparo de autos, a los fines de que examine la admisibilidad de la acción interpuesta y de ser el caso lo sustancie en primera instancia. Así se decide.

 

VII

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, DECLARA que el tribunal competente para el conocimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ALFREDO JAVIER RINCÓN CARBONELL, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil VENEZUELAN ENGINEERING SUPPLY CONSTRUCTION COMPAÑÍA ANÓNIMA (VENESC, C.A.), asistido por el abogado José Antonio Carrero Araujo, todos antes identificados, contra la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), es el Juzgado Superior en lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, por lo que se ORDENA la remisión de la presente causa contentiva de la acción de amparo constitucional al referido Juzgado, con la finalidad que se pronuncie sobre la admisibilidad del presente amparo y, de ser el caso, lo sustancie en primera instancia.

 

Publíquese, regístrese y remítase. Envíese copia de la presente decisión al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de enero de dos mil siete (2007). Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

             La Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

 

 LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                             Ponente

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

                                              

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

Exp. Nº 06-1644

LEML/f