OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Por Dr. Alexander Espinoza

Iniciativa legislativa del Tribunal Supremo de Justicia. Elaborado por la Subcomisión de Justicia y Cultos de la Comisión Permanente de Política Interior A.N., en conjunto con la Sala Político Administrativa del TSJ y la Comisión Ordinaria de Legislación de la Asamblea Nacional

LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

OBSERVACIONES:

1. Se recomienda iniciar la ley con la determinación de los principios generales que sirven de marco a la interpretación y aplicación de todo su articulado. La previsión de tales principios fundamentales constituye una garantía de eficacia del propósito perseguido por el legislador e impediría en buena medida la errónea interpretación de la ley. Se recomienda el reconocimiento del legislador de los siguientes principios:

Autonomía

Artículo 1. La jurisdicción contencioso-administrativa se ejerce por jueces y juezas autónomos e independientes de los demás órganos del Poder Público, que sólo deben obediencia a la ley y al derecho.

Definición

Artículo 2. La jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer de las acciones que se ejerzan en virtud de una relación jurídica de derecho público, salvo que se trate de situaciones derivadas de una relación laboral, controversias derivadas de un proceso electoral, o de materias que hubieran sido expresamente atribuidas por la ley a otros Tribunales.

Tutela efectiva

Artículo 3. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener, en tiempo proporcional a la complejidad del caso, una decisión que pueda ser ejecutada, así como las medidas provisionales destinadas a asegurar el efecto útil de la sentencia.

Inmediación

Artículo 4. Los jueces y juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar y dirigir el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento.

Principio inquisitivo

Artículo 5. El juez o jueza de lo contencioso administrativo debe establecer, incluso de oficio, la verdad de los hechos, que estime relevantes para la resolución del asunto, con la colaboración de las partes.

Concentración

Artículo 6. Iniciado el debate oral, éste debe concluir en el menor número de audiencias que sea posible.

Derecho a ser oído

Artículo 7. Los aspectos fácticos y jurídicos de la controversia deben ser objeto de debate por las partes. La sentencia sólo puede ser dictada sobre la base de hechos y resultados de pruebas, acerca de los cuales las partes han tenido oportunidad de pronunciarse.

Suficiente capacidad

Artículo 8. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa estarán conformados por el número de jueces que sea necesario para asegurar la suficiente capacidad de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.

Articulo 1. Objeto de la Ley. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene como objeto regular la organización y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales competentes en la materia contencioso-administrativa, así como el proceso contencioso administrativo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de salvaguardar el equilibrio entre los derechos e intereses particulares, sociales y colectivos y el ejercicio de las potestades públicas.

OBSERVACIONES

2. En el artículo 1, se recomienda suprimir la expresión “con el fin de salvaguardar el equilibrio entre los derechos e intereses particulares, sociales y colectivos y el ejercicio de las potestades públicas”. La Constitución define la finalidad de la jurisdicción contencioso administrativa en su artículo 259 y en su artículo 26 alude a la finalidad del Estado de Justicia, en el sentido de brindar protección a los “derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos” de las personas. La expresión del artículo 1 crea una tautología, en razón de que la finalidad del Estado es lograr el equilibrio entre los intereses particulares y la colectividad. Ese también es el fin que justifica el ejercicio de las “potestades públicas”. Estas no son un fin en sí mismas ni un interés que deba ser objeto de ponderación o de equilibrio con respecto a los “derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos” de las personas.

Articulo 2. Sujetos de control contencioso administrativo. A los fines de esta ley, son sujetos de control contencioso administrativo, los órganos que componen la Administración Pública Nacional Centralizada y Descentralizada; la Administración Pública Estadal Centralizada y Descentralizada; la Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada y la Administración Pública Local.

Asimismo, son sujetos del control contencioso administrativo los demás órganos que ejercen el Poder Público, en sus diferentes manifestaciones, en cualquier ámbito territorial o institucional, cuando actúen en función administrativa.

Igualmente, están sujetos al control contencioso administrativo los entes institucionales, corporativos, fundacionales y asociativos de derecho público que sean dependientes o vinculados al Estado; y los sujetos que dicten actos de autoridad, las entidades populares de planificación, control y ejecución de políticas y servicios públicos y las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional.

OBSERVACIONES

Se recomienda sustituir el contenido del artículo 2, por la siguiente redacción: “La jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer de las acciones que se ejerzan en virtud de una relación jurídica de derecho público, salvo que se trate de situaciones derivadas de una relación laboral, controversias derivadas de un proceso electoral, o de materias que hubieran sido expresamente atribuidas por la ley a otros Tribunales.” La enumeración del artículo 2 es incorrecta e innecesaria. Es incorrecta porque la Administración Pública sólo está sometida a la jurisdicción contencioso administrativa, en la medida que actúe en ejercicio del Poder Público. Con ello debe quedar excluida la actuación del Estado regida por el derecho privado. Ejemplo de ello lo constituye la relación laboral de trabajadores al servicio del Estado. Es innecesaria, porque la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo queda perfectamente delimitada por el concepto del artículo 23 del proyecto, el cual se refiere a “cualquier pretensión fundada en relaciones jurídico administrativas”.

Articulo 3. Objeto del Control Contencioso Administrativo: Será objeto de control contencioso administrativo la actividad administrativa desplegada por los sujetos descritos en el artículo anterior, lo cual incluye los actos administrativos, actos reglamentarios, actuación bilateral y multilateral; vías de hecho, silencio administrativo, prestación de servicios públicos, omisión de cumplimiento de obligaciones específicas por parte de los entes sujetos a control y, en general, cualquier actuación administrativa capaz de ocasionar gravamen a los derechos o intereses de los particulares.

Es de la competencia de los órganos que componen la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de las pretensiones que comprometieren directa o indirectamente la responsabilidad patrimonial del Estado, cualesquiera sean sus causas.

La Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para conocer:

De las impugnaciones que se interpongan contra los actos administrativos generales o particulares contrarios a derecho incluso por desviación de poder.

De la abstención, negativa o de la actuación material constitutiva de vía de hecho de la Administración Pública o de los órganos equiparados a esta.

De la condena al pago de sumas de dinero y de la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración.

De los reclamos por la prestación de los servicios públicos y del reestablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los órganos del Poder Público y entes sujetos a esta ley.

De la resolución de los recursos de interpretación de las leyes de contenido administrativo, de los conflictos de autoridades y de las controversias entre los órganos y entes públicos.

Todo lo concerniente a los contratos administrativos en los cuales sean parte los entes y órganos del Poder Público.

Acerca de la abstención, negativa o vías de hecho de las personas o grupos que en virtud de la participación ciudadana ejerzan una función administrativa y de las acciones cuyo conocimiento les atribuya la ley.

De las pretensiones deducidas por la Administración contra los particulares.

De todos aquellos supuestos que se desprendan de la actividad ejercida en la Administración Pública no previstos en los numerales anteriores

3. Se recomienda suprimir el primer párrafo del artículo 3 por las razones expresadas en el punto anterior. Se recomienda suprimir el segundo párrafo del artículo 3, en razón de que es contrario a la finalidad de la jurisdicción contencioso administrativa que prevé la Constitución y que le da justificación histórica. El derecho público en general, y en particular los derechos consagrados constitucionalmente y su desarrollo en el derecho administrativo tienen por finalidad la protección del individuo frente al ejercicio del Poder del Estado. Se desvirtúa esa finalidad cuando se pretende que la jurisdicción contencioso administrativa se convierta en un fuero privilegiado del Poder Público, lo cual lo hace inmune frente a las reclamaciones de los particulares. Esta desviación resulta injustificable cuando se pretende, como lo hacen los artículos 15,II; 16,V; y que se omite en el artículo 17, relativos a las demandas propuestas por órganos y empresas del Estado contra particulares, en infracción del principio del juez natural, consagrado en el artículo 49,IV.

OBSERVACIONES

Artículo 4. Motivos de impugnación de la actividad administrativa. La Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerá de las demandas e impugnaciones contra la actuación de los sujetos descritos en el artículo 2 de esta ley, por motivos de ilegalidad, inconstitucionalidad y, en general, contrariedad a derecho, incluso por desviación y exceso de poder.

Igualmente, los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de las impugnaciones fundamentadas en razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la actuación administrativa y su impacto sobre el orden público, la justicia social, el bien común y el interés público.

En caso de que el Juez o Jueza declare con lugar pretensiones impugnatorias basadas en los supuestos anteriores, deberá fundamentar razonadamente cuales son las circunstancias que a su juicio afectan el orden público, la justicia social, el bien común o el interés público, definiendo éstos de manera concreta, conforme a una ponderación de los intereses envueltos.

En materia de reclamos por la prestación de servicios públicos, el usuario reclamante será considerado como el débil jurídico, y el prestador de servicio público tendrá a su cargo la argumentación y prueba del cumplimiento de los estándares mínimos de servicio.

TITULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

CAPÍTULO I

De los Órganos de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa

Artículo 5. Órganos que componen la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Son órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6. Circuitos Judiciales. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se organizarán en circuitos judiciales de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley.

CAPÍTULO II

De la Distribución Territorial y de la Conformación de los Órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sección Primera

De la Sala Político Administrativa

Artículo 7. Máxima Instancia. La Sala Político Administrativa constituye la máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Su jurisprudencia será vinculante para los órganos que componen la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

4. Se recomienda sustituir la expresión contenida en la segunda frase del artículo 7 del proyecto, según la cual “Su jurisprudencia será vinculante para los órganos que componen la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, por la expresión “Los jueces procurarán acoger la doctrina de la Sala Político-Administrativa, establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.” Tal es el texto de los artículos 321 del Código de Procedimiento Civil y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los cual definen la sujeción de los tribunales de instancia a la casación. Un carácter vinculante a todas las ideas expuestas como fundamento de una sentencia convertiría a los jueces en simples repetidores y a los Magistrados en legisladores, para lo cual no ostentan la legitimación democrática que es propia del Parlamento. Tal situación sería contraria al principio de sujeción de los Magistrados de la Sala Político-Administrativa a la ley (art. 137) y al principio de independencia del juez (art. 26 y 256 de la Constitución)

OBSERVACIONES

Sección Segunda

De las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8. Distribución territorial. La competencia territorial de las Cortes de lo Contencioso Administrativo está delimitada de la siguiente manera:

Dos Cortes de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con competencia en el Distrito Capital, y los Estados Miranda y Vargas.

Corte de lo Contencioso Administrativo de la Región Central, con competencia en los Estados Aragua, Carabobo, Guárico y los Municipios Silva, Palma Sola y Monseñor Iturriza del Estado Falcón.

Corte de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, con competencia en los Estados Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Lara.

Corte de lo Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con competencia en el Estado Zulia y Falcón, excepto los Municipios Silva, Palma Sola y Monseñor Iturriza.

Corte de lo Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, con competencia en Estados Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas, con excepción del Municipio Arismendi de este último.

Corte de lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, con competencia en Estados Apure, Amazonas y Municipio Arismendi del Estado Barinas.

Corte de lo Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, con competencia en los siguientes Estados Nueva Esparta, Sucre y Anzoátegui, con excepción del Municipio Independencia de este último.

Corte de lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, con competencia en los siguientes Estados Monagas, Bolívar y Delta Amacuro.

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, previa solicitud de la Sala Político Administrativa, podrá crear nuevas Cortes o fusionar las existentes, mediante resolución, tomando en consideración las necesidades del sistema de justicia.

Corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, establecer la ubicación geográfica de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Artículo 9.- Integrantes. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo estarán integradas por tres magistrados o magistradas, designados mediante concurso de oposición.

El Juzgado de Sustanciación de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, estará integrado por un Juez o Jueza de Sustanciación, un Secretario o Secretaria y un o una Alguacil.

5. Se recomienda suprimir el segundo párrafo del artículo 9. La existencia del Juzgado de Sustanciación no es necesaria en el nuevo procedimiento; sus competencias entran en conflicto con la competencia del juez ponente (art. 51 del proyecto) y suponen una infracción al principio de inmediatez del juez, el cual constituye uno de los elementos esenciales del juicio oral, a que se refiere el artículo 257 de la Constitución.

OBSERVACIONES

Artículo 10. Lapso de Permanencia. Los magistrados y magsitradas permanecerán cuatro (4) años en sus funciones, constituyendo el ejercicio del cargo, efectuado en forma eficiente, un derecho preferencial para continuar en el mismo por períodos sucesivos.

Artículo 11. Requisitos. Para ser Magistrado o Magistrada de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se requiere:

Ser venezolano o venezolana por nacimiento y no tener otra nacionalidad.

Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y competencia.

Haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 12 años y:

Tener título universitario de postgrado en el área del Derecho Público; o

Haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del Derecho Administrativo o área afín, durante un mínimo de 7 años y con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones, o

Ser Juez o Jueza de lo Contencioso Administrativo, con un mínimo de 7 años en el ejercicio de la carrera judicial y con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones;

Haber desempeñado funciones de asesoría jurídica o de gestión en la Administración Pública por más de 7 años y con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.

Cualesquiera otros establecidos en la ley.

Sección Tercera

De los Tribunales Superiores

de lo Contencioso Administrativo

6. Se recomienda la determinación en la ley de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo y la creación de nuevos tribunales, con el objeto de desconcentrar las competencias de la Sala Político Administrativa y de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. La Sala Político Administrativa debería en lo posible concentrar su competencia en la tarea de uniformar la jurisprudencia y las Cortes deberían ser sólo tribunales de segunda instancia.

OBSERVACIONES

Artículo 12. Integrantes. Los tribunales superiores de lo contencioso administrativo estarán integrados por un Juez o Jueza designado o designada mediante concurso de oposición.

Articulo 13. Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los tribunales superiores de lo contencioso administrativo, se requiere:

Ser venezolano o venezolana por nacimiento.

Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y competencia.

Haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 10 años y:

Tener título universitario de postgrado en el área del Derecho Público; o

Haber sido profesor o profesora universitaria en el área del Derecho Administrativo o área afín, durante un período de 5 años con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones; o

Haber desempeñado funciones de asesoría jurídica o de gestión en la Administración Pública por más de 5 años con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.

4. Cualesquiera otros establecidos en la ley.

TITULO III

DEL RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

ENTRE LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

CAPÍTULO I

De la Competencia de la Sala Política Administrativa

del Tribunal Supremo de Justicia.

1. Se recomienda que la Sala Político Administrativa no tengan en lo posible, competencias de tribunal de instancia, sino que concentre sus esfuerzos en la creación de una jurisprudencia avanzada y uniforme para el sistema contencioso Administrativo. En consecuencia:

OBSERVACIONES

Artículo 14.- Distribución de Competencias. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, previa solicitud de la Sala Político Administrativa, podrá distribuir, mediante Resolución, las competencias asignadas a los órganos jurisdiccionales con competencia en lo contencioso administrativo, incluso órganos jurisdiccionales de derecho común, atribuyéndoles materias comunes a todos o exclusivos a algunos de ellos, de acuerdo con las necesidades de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Artículo 15. Competencias de la Sala Político Administrativa. Corresponde a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

Conocer de las demandas que se propongan contra la República, Estados, Municipios, institutos autónomos nacionales, estadales o municipales, entes públicos estatales o empresas en las cuales la República, los Estados o Municipios o cualquiera de las personas aquí señaladas ejerzan un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de las cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.), siempre y cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad.

2. Se recomienda suprimir el numeral 1 del artículo 15. Las demandas que no derivan de una relación jurídica de derecho público no corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa. Constituyen cuerpos extraños que entorpecen la función de un juez no especializado ni calificado para dilucidar cuestiones civiles, laborales, mercantiles o de otro tipo. En tal sentido es contrario al principio de especialidad del juez, previsto en el artículo 255 de la Constitución. Al mismo tiempo suponen una carga adicional al demandante, contraria al derecho de acceso a la justicia del artículo 26 de la Constitución, en la medida en que centraliza en Tribunales de la Capital de la República asuntos que normalmente serían de la competencia de los tribunales de la localidad.

OBSERVACIONES

Conocer de las demandas que propongan la República, Estados, Municipios, institutos autónomos nacionales, estadales o municipales, entes públicos estatales o empresas en las cuales la República, los Estados o Municipios o cualquiera de las personas aquí señaladas ejerzan un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.), siempre y cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.

3. Se recomienda suprimir el numeral 2 del artículo 15. Las demandas que propongan la República, Estados, Municipios, y demás organizaciones allí señaladas no derivan de relaciones jurídico públicas, por lo que es aplicable lo expuesto en el punto anterior. Además, son producto de mera creación jurisprudencial y no legal, contraria a lo dispuesto expresamente en el artículo 183 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

OBSERVACIONES

Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos en que sean parte la República, los Estados, Municipios, institutos autónomos nacionales, estadales o municipales, ente público estatal o empresa en la cual la República, los Estados o Municipios o cualquiera de las personas aquí señaladas ejerzan un control decisivo y permanente si su cuantía excede de Cien Mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.).

4. Se recomienda suprimir los numerales 3; 4; 5; 6; 8; 11 y 21 del artículo 15 del proyecto. El derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 26 exige que el juez sea accesible, lo cual se traduce en cercano al ciudadano (Voto en SC-TSJ 09/05/2006 Exp. N° 03-2401). No existe justificación para concentrar en tribunales de la Capital de la República la competencia para brindar protección a personas que habitan en todo el territorio, frente a actos de funcionarios que pueden tener su sede o surtir efectos en esos lugares. Las altas autoridades del Estado no son titulares de un interés que sea determinante de la competencia del juez, sino que el juez natural se establece de acuerdo con el derecho individual, colectivo o difuso que debe ser objeto de protección. Además, el principio de seguridad jurídica exige que las normas de distribución de competencias sean simples, claras y determinadas. El complejo esquema de distribución de competencias que se mantiene en el proyecto no es claro y determinado, sino que requiere de la determinación por parte de la jurisprudencia de conceptos imprecisos tales como “control decisivo y permanente”; “altas autoridades”, “órganos de rango constitucional”, etc. Tal vaguedad y complejidad, incluso para los propios jueces, se traducen en dilaciones de muchos años en juicios que son objeto de declinatorias y conflictos de competencia.

OBSERVACIONES

Conocer de la abstención o negativa de las altas autoridades que ejercen el Poder Público, a cumplir específicos y concretos actos a que estén obligados por las leyes.

Conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a las altas autoridades de los órganos que ejerzan el Poder Público.

Conocer de los recursos contencioso administrativos de nulidad, contra actos administrativos particulares dictado por las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.

Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos dictados por las altas autoridades de los órganos que ejercer el Poder Público, así como de las máximas autoridades de los órganos de rango constitucional cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.

Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por autoridades extranjeras en los casos de los juicios contenciosos, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales o en la ley.

Declarar la nulidad, cuando sea procedente de los actos normativos contrarios a derecho de contenido ambiental.

Dirimir las controversias administrativas que se susciten cuando una de las partes sea la República o algún Estado o Municipios, cuando la contraparte sea alguna de esas mismas entidades, por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en ejecución de la ley.

Conocer en apelación de los juicios de expropiación intentados por la República.

Dirimir las controversias que se susciten entre autoridades políticas o administrativas de una misma o de diferentes jurisdicciones con motivo de sus funciones, cuando la ley no atribuya competencia para ello a otra autoridad.

Conocer en alzada de las decisiones de los Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Conocer de las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República, en los casos permitidos por el derecho internacional.

Conocer de las causas por hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos o territorios extranjeros, que puedan ser promovidos en la República, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.

Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente, siempre que el asunto sea afín con la materia contencioso administrativa.

Conocer de los juicios en que se ventilen varias acciones conexas, siempre que a la Sala Político Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.

Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando alguno de ellos tenga atribuida competencia en materia contencioso administrativa y no exista otro tribunal superior común a ellos en el orden jerárquico.

Conocer de los recursos de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los términos contemplados en la ley, siempre que se trate de materias vinculadas a las competencias naturales de la Sala Político Administrativa.

Conocer del recurso de control de legalidad de conformidad con lo establecido en esta ley.

Cualquier otra pretensión derivada de la actividad administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, no expresamente atribuidas a otro tribunal.

Conocer de cualquier controversia, recurso, consulta o asunto litigioso que le atribuya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o las leyes, o que le corresponda conforme a éstas, en su condición de máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

CAPÍTULO II

De la Competencia de las Cortes

de lo Contencioso Administrativo.

5. Se recomienda que las Cortes de lo Contencioso Administrativo no tengan en lo posible competencias de tribunal de primera instancia, sino que concentre sus esfuerzos en la revisión, en segunda instancia de las decisiones de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia:

OBSERVACIONES

Artículo 16. Competencia de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo:

Declarar la nulidad, cuando sea procedente, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos particulares o reglamentarios dictados por autoridades nacionales diferentes a las consideradas altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, salvo los que correspondan por ley a otro tribunal, a la Sala Político Administrativa o a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos.

De las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas, en primera instancia, por los tribunales superiores de lo contencioso administrativo.

De los juicios de expropiación intentados por la República.

Conocer de las demandas que se propongan contra la República, Estados, Municipios, institutos autónomos nacionales, estadales o municipales, entes públicos estatales o empresa en la cual la República, los Estados o Municipios o cualquiera de las personas aquí señaladas, ejerzan un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección o administración se refiere, cuando su cuantía exceda las cuarenta mil unidades tributarias (40.000 U.T.) y no supere las cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.), siempre y cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal en razón de su especialidad.

6. Se recomienda suprimir el numeral 4 del artículo 16. Como se señaló anteriormente, las demandas que no derivan de una relación jurídica de derecho público no corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa. Constituyen cuerpos extraños que entorpecen la función de un juez no especializado ni calificado para dilucidar cuestiones civiles, laborales, mercantiles o de otro tipo. En tal sentido es contrario al principio de especialidad del juez, previsto en el artículo 255 de la Constitución. Al mismo tiempo suponen una carga adicional al demandante, contraria al derecho de acceso a la justicia del artículo 26 de la Constitución, en la medida en que centraliza en Tribunales de la Capital de la República asuntos que normalmente serían de la competencia de los tribunales de la localidad.

OBSERVACIONES

Conocer de las demandas que propongan la República, Estados, Municipios, institutos autónomos nacionales, estadales o municipales, entes públicos estatales o empresas en las cuales la República, los Estados o Municipios o cualquiera de las personas aquí señaladas, ejerzan un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección o administración se refiere, cuando su cuantía exceda las cuarenta mil Unidades Tributarias (40.000 U.T.) y no supere las cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.), siempre y cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.

7. Se recomienda suprimir el numeral 5 del artículo 16. Las demandas que propongan la República, Estados, Municipios, y demás organizaciones allí señaladas no derivan de relaciones jurídico públicas, por lo que es aplicable lo expuesto en el punto anterior. Además, son producto de mera creación jurisprudencial y no legal, contraria a lo dispuesto expresamente en el artículo 183 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

OBSERVACIONES

De las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos en que sean parte los órganos que ejercen el Poder Público, cuando su cuantía exceda las cuarenta mil Unidades Tributarias (40.000 U.T.) y no supere las cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.).

8. Se recomienda suprimir los numerales 6;7;10;11 y 12 del artículo 16 del proyecto. Como se señaló anteriormente, el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 26 exige que el juez sea accesible, lo cual se traduce en cercano al ciudadano (Voto en SC-TSJ 09/05/2006 Exp. N° 03-2401). No existe justificación para concentrar en tribunales de la Capital de la República la competencia para brindar protección a personas que habitan en todo el territorio, frente a actos de funcionarios que pueden tener su sede o surtir efectos en esos lugares. Las altas autoridades del Estado no son titulares de un interés que sea determinante de la competencia del juez, sino que el juez natural se establece de acuerdo con el derecho individual, colectivo o difuso que debe ser objeto de protección. Además, el principio de seguridad jurídica exige que las normas de distribución de competencias sean simples, claras y determinadas. El complejo esquema de distribución de competencias que se mantiene en el proyecto no es claro y determinado, sino que requiere de la determinación por parte de la jurisprudencia de conceptos imprecisos tales como “control decisivo y permanente”; “altas autoridades”, “órganos de rango constitucional”, etc. Tal vaguedad y complejidad, incluso para los propios jueces, se traducen en dilaciones de muchos años en juicios que son objeto de declinatorias y conflictos de competencia.

OBSERVACIONES

Conocer de la abstención o negativa de las autoridades distintas a las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, a cumplir determinados actos a los que estén obligados por las leyes cuando sea procedente de conformidad con ellas.

De los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de cuyas decisiones pueda conocer en apelación.

De las controversias que se susciten con motivo de la adquisición, goce, ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan.

Conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a autoridades nacionales distintas a las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional.

De las acciones de reclamo contra los prestadores de servicios públicos nacionales o regionales, en su actividad prestacional distintas a las locales y en todo caso, las que expresamente no correspondan a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

Cualquier otra pretensión derivada de la actividad administrativa desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público cuyo control no haya sido atribuido a la Sala Político Administrativa o a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo.

De cualquier otra acción o recurso que le atribuyan las leyes.

CAPÍTULO III

De la Competencia de los Juzgados Superiores

de lo Contencioso Administrativo

9. Se recomienda atribuir a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo el conocimiento en primera instancia de todas las pretensiones de los particulares, salvo algunas excepciones. Ello deriva directamente del derecho al acceso a la justicia, el cual se traduce en cercano al ciudadano (Voto en SC-TSJ 09/05/2006 Exp. N° 03-2401). Simplifica y hace más claro el sistema de distribución de competencias, el cual deriva de una estructura lógica de primera y segunda instancias de conocimiento pleno del asunto y una especie de casación. Tal es la tendencia marcada del sistema contencioso administrativo actual. Inicialmente, en virtud de la disolución del Tribunal de la Carrera Administrativa, los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo han conocido en primera instancia de toda pretensión en materia funcionarial, aún cuando deriven de una relación con órganos del Poder Público Nacional. Luego, a partir de la interpretación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los Juzgados Superiores conocen en su respectiva jurisdicción de la primera instancia de la acción de amparo. Finalmente, en sentencia N° 3517/2005 la Sala Constitucional ha atribuido a los Juzgados Superiores la Competencia para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo. Es importante destacar que tal decisión se aparta de la distribución de competencias de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En su fundamento se alude a los siguientes principios constitucionales: “en pro de los derechos acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia”. Tales argumentos son igualmente aplicables a todos los juicios derivados de pretensiones frente a órganos del Poder Público Nacional.

OBSERVACIONES

Artículo 17. Competencia. Corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo:

Conocer de las demandas que se propongan contra la República, Estados, Municipios o algún instituto autónomo, ente público o empresa en la cual la República, los Estados o Municipios ejerzan un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección o administración se refiere, cuando su cuantía no exceda de cuarenta mil Unidades Tributarias (40.000 U.T.), y cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal.

10. Se recomienda suprimir el numeral 1 del artículo 17, en razón de lo expuesto en los puntos 9 y 10

OBSERVACIONES

De las acciones de nulidad, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, contra los actos administrativos, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción.

11. Se recomienda modificar el numeral 2 del artículo 17, en los siguientes términos 2. Conocer de las acciones de nulidad, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, contra los actos administrativos, emanados de autoridades nacionales estadales o municipales de su jurisdicción.

OBSERVACIONES

Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos en los cuales sean parte los órganos del Poder Público, cuando su cuantía no exceda de cuarenta mil Unidades Tributarias (40.000 U.T.).

De las acciones contra la abstención o negativa de las autoridades estadales o municipales, a cumplir determinados actos a que estén obligadas por las leyes, cuando sea procedente, de conformidad con ellas; con excepción de las acciones contra la abstención o negativa del Alcalde Metropolitano.

12. Se recomienda modificar el numeral 4 del artículo 17, en los siguientes términos 4. De las acciones contra la abstención o negativa de las autoridades nacionales, estadales o municipales, a cumplir determinados actos a que estén obligadas por las leyes, cuando sea procedente, de conformidad con ellas.

OBSERVACIONES

Conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a autoridades estadales o municipales, con excepción de las acciones contra las vías de hecho del Alcalde Metropolitano.

13. Se recomienda modificar el numeral 5 del artículo 17, en los siguientes términos 5. Conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a autoridades nacionales, estadales o municipales.

OBSERVACIONES

De las impugnaciones contra las decisiones que dicten los organismos competentes en materia inquilinaria.

De las acciones de nulidad por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, contra los actos administrativos concernientes a la carrera administrativa de los funcionarios y funcionarias públicos nacionales, estadales o municipales.

De las acciones de reclamo por la carencia o deficiente prestación de los servicios públicos estadales o municipales.

14. Se recomienda modificar el numeral 8 del artículo 17, en los siguientes términos 8. De las acciones de reclamo por la carencia o deficiente prestación de los servicios públicos nacionales, estadales o municipales.

OBSERVACIONES

Cualquier otra pretensión derivada de la actividad administrativa desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público a nivel estadal, municipal o local.

15. Se recomienda modificar el numeral 9 del artículo 17, en los siguientes términos 9. Cualquier otra pretensión derivada de la actividad administrativa desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público a nivel nacional, estadal, municipal o local.

OBSERVACIONES

Cualquier otra acción o recurso que le atribuyan las leyes.

TITULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Sección Primera

De la Capacidad y de la Legitimación

Artículo 18. Capacidad Procesal. Podrán actuar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las personas naturales o jurídicas, incluso las irregulares, de derecho público o privado, así como las asociaciones y los comités que no tengan personalidad jurídica reconocida, siempre y cuando su conformación conste de manera pública y notoria.

Artículo 19. Legitimación Activa. Para presentar pretensiones ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa es necesario que la parte ostente y demuestre gravamen actual o inminente de sus derechos subjetivos, o exponga la afección de un interés legítimo, personal y directo, conforme a la pretensión que afirme.

Para el caso de impugnaciones contra actos normativos, bastará que el impugnante afirme interés simple para actuar, demostrando encontrarse de forma concreta o potencial en los supuestos contenidos en el acto.

Podrán actuar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las personas aludidas en el artículo anterior, afirmando ostentar derechos colectivos o intereses difusos, en su caso, sin perjuicio de las competencias de los órganos que ejercen el Poder Público legitimados para actuar en tales casos.

16. Se recomienda sustituir en el artículo19 la expresión “que la parte ostente y demuestre” por la de “que la parte haga valer” gravamen actual o inminente de sus derechos subjetivos. La legitimación es requisito de admisibilidad de la acción, por lo que en esa etapa inicial del proceso no es posible exigir la demostración del derecho infringido.

OBSERVACIONES

Artículo 20. Legitimación Pasiva. La legitimación pasiva en la Jurisdicción Contencioso Administrativa corresponde:

A la Administración o entidad autora o responsable de la actividad impugnada, causante del gravamen denunciado, o gestora de servicio público en su actividad prestacional.

En los casos en los cuales se demande responsabilidad patrimonial del ente público, a la persona jurídica que comprenda el órgano o entidad que se denuncie autora del hecho dañoso.

A las personas, individual o colectivamente representadas o a las entidades públicas y privadas, cuyos intereses jurídicos actuales pudieran verse afectados por la pretensión de la parte actora.

Artículo 21. Partes. Podrá presentarse como parte en el proceso contencioso administrativo quien alegue un derecho o interés preferente o concurrente al de la parte actora.

Cualquier persona que invoque un interés propio aunque sea indirecto, podrá intervenir en el proceso como parte coadyuvante u oponente.

Sección Segunda

De las Pretensiones Contencioso Administrativas

Artículo 22. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán de los asuntos de su competencia únicamente a instancia de parte interesada.

Articulo 23. Conocimiento por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los legitimados activos, de conformidad con esta ley, podrán deducir cualquier pretensión fundada en relaciones jurídico administrativas, cuyo conocimiento corresponderá a los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La parte actora podrá pretender la declaración, constitución y condena que fuesen necesarias para restablecer el orden jurídico infringido, incluso la indemnización de daños y perjuicios y órdenes de hacer, no hacer y dar.

El Juez o Jueza, en resguardo del orden público, la justicia social, el bien común y el interés público, podrá tomar de oficio las medidas cautelares que considere necesarias.

Articulo 24. Tramitación de las Pretensiones. Las pretensiones contencioso administrativas se tramitarán de conformidad con lo establecido en la presente ley, y regirán supletoriamente las reglas de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y cualquier legislación que resultare compatible, cuando no exista una norma que regule expresamente el supuesto de hecho de que se trate.

Artículo 25. Actos administrativos impugnables. Podrán deducirse pretensiones en relación con actos administrativos firmes y en relación con actos administrativos de trámite, únicamente cuando prejuzguen como definitivos; causen indefensión, imposibiliten la continuación del procedimiento o, por si solos, causen un gravamen.

Podrán deducirse frente al silencio administrativo mediante el cual se entienda negada la petición previamente efectuada, así como contra las actuaciones materiales y vías de hecho de la Administración y los órganos que ejercen el Poder Público.

Igualmente, podrá pretenderse la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares conjuntamente con la nulidad del acto normativo que le sirve de fundamento, siempre y cuando la pretensión principal se fundamente en la nulidad del acto normativo.

Artículo 26. Inactividad, incumplimiento y satisfacción de derecho. La pretensión contencioso administrativa podrá también deducirse en relación con la inactividad de la Administración o frente al incumplimiento de cualquier obligación administrativa expresamente establecida o suficientemente derivada del ordenamiento jurídico y consistente en una concreta prestación de dar o hacer.

Podrá deducirse la pretensión contencioso administrativa para la satisfacción inmediata de un derecho declarado en un acto administrativo firme contentivo de una obligación de hacer o dar, a través del procedimiento ejecutivo especial previsto en esta ley, sólo cuando hayan sido totalmente agotadas las vías ordinarias para lograr el cumplimiento.

Artículo 27. Pretensión en relación a los contratos Podrán presentarse pretensiones contencioso administrativas de cumplimiento, resolución, nulidad y daños y perjuicios contractuales en relación con los contratos celebrados por la Administración Pública y los entes sujetos al control contencioso administrativo. Se considerarán asimismo pretensiones contractuales, las que se deriven del efecto de la actividad administrativa del sujeto de control contencioso administrativo contratante, incluyendo las vías de hecho.

Los interesados podrán demandar la nulidad de los contratos celebrados por la Administración aun cuando no fueren partes en éste, siempre que prueben un interés propio.

Artículo 28. Reparación de daños y perjuicios. Los interesados podrán solicitar la reparación de los daños y perjuicios imputables a la Administración Pública y a los entes sujetos al control contencioso administrativo, tanto por la actuación u omisión contraria a derecho, como en los supuestos en los cuales esa actuación o inactividad lícita derive en un daño especial, personal, directo y cierto.

Artículo 29. Reclamo por prestación de servicio público. Podrá deducirse ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa reclamos motivados en la ausencia, deficiencia o irregular prestación de los servicios públicos, reclamos que tendrán por objeto la efectiva prestación del servicio de que se trate.

Articulo 30. Solicitud de interpretación de normas. Podrá solicitarse la interpretación y consulta acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los términos contemplados en la ley, siempre que se trate de materias vinculadas a las competencias naturales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando de ello no implique la sustitución de la pretensión procesal procedente para dirimir determinada controversia jurídico administrativa

Articulo 31. Conflicto entre autoridades. Podrá deducirse la pretensión de solución de los conflictos que surjan entre autoridades administrativas o autoridades de otra naturaleza con ocasión del ejercicio de competencias de contenido administrativo.

Articulo 32. Caducidad de las acciones y recursos. Las acciones y recursos contentivos de pretensiones contencioso administrativas caducarán de conformidad con los siguientes términos:

En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de seis (6) meses, contados a partir de su publicación en el respectivo órgano oficial, o de su notificación al interesado o interesada, si fuere procedente y aquélla no se efectuare, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el término de noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de interposición del mismo. En todo caso, la ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales

En los casos de vías de hecho y recurso por abstención o carencia, en el término de seis (6) meses contados a partir de la materialización de aquélla o a partir del momento en el cual la administración incurrió en la abstención.

La pretensión de nulidad contra los actos administrativos de efectos temporales caducará a los treinta (30) días.

La pretensión de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales podrá intentarse en cualquier tiempo.

La ley podrá establecer lapsos de caducidad o prescripción distintos a los aquí establecidos.

17. Se recomienda suprimir en su totalidad el tercer párrafo del artículo 32, relativo al inicio del lapso de caducidad en los casos de vías de hecho y recurso por abstención o carencia. En el primero de los casos, la caducidad se inicia cuando ha cesado por completo la conducta constitutiva de vía de hecho. En el caso de las acciones por abstención o carencia, no corre el lapso de caducidad en contra del interesado, sino que puede optar entre ejercer la acción judicial o esperar el cumplimiento por parte de la Administración. Este ha sido el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa, según la cual, “esta ficción legislativa lejos de constituir una carga para el particular, constituye más bien una garantía para el mismo.” De tal forma, el interesado ostenta “la facultad de elegir, acogerse al silencio administrativo de efectos negativos, y por tanto intentar oportunamente el recurso inmediato siguiente, o bien esperar la decisión tardía de la Administración, en cuyo caso, el lapso de caducidad empezaría a computarse una vez que la Administración emitiera la decisión correspondiente” (SPA-TSJ 19/08/2003 Exp.Nº: 2002-0162). De igual forma, en sentencia de 21 de noviembre de 2002, la Sala Electoral resolvió inaplicar una disposición que establecía el inicio del lapso de caducidad en el momento que se produjera el silencio negativo. Señaló la Sala Electoral que “resulta ilógico mantener atado e indefenso al recurrente que voluntariamente escogió la vía administrativa, bajo la premisa de constituir una vía idónea para la resolución de su reclamo y, por otra parte, permitir a la Administración Electoral refugiarse en su inactividad u omisión sin ninguna consecuencia jurídica que pudiera derivarse de ésta” (SE-TSJ 21/11/2002 Exp. N° AA70-E-2002-000082, ratificada en SE-TSJ 27/03/2003 Exp. N° AA70-E-2003-000108). Como se observa, existe la posibilidad, tanto en el supuesto de la ineficacia del acto, como en los casos de conductas omisivas, que la acción permanezca indefinida. Tal posibilidad ha sido reconocida por la Sala Constitucional en cuanto a que en tales casos “no comienza a transcurrir ningún lapso” (SC-TSJ 20/10/2006 Exp. 06-1058). Tal como se indicó anteriormente, ello no supone que el legislador hubiera infringido por falta de protección al principio de seguridad jurídica. Por tal motivo, se recomienda la siguiente redacción: En el caso de pagos periódicos y demás actos y actuaciones similares, en cualquier tiempo, o en el lapso de seis (6) meses, desde que hubieran dejado de cumplirse. En cualquier momento, mientras no hubieran sido oportunamente resueltos los recursos administrativos; En cualquier momento, cuando la notificación del acto administrativo no hubiera contenido la indicación de la acción, los términos para ejercerla o los tribunales ante los cuales debía interponerse, o cuando hubiera contenido una información errónea; En el lapso de seis (6) meses, cuando se trate de una actuación material o vía de hecho, a partir del momento en que la misma hubiera cesado.

OBSERVACIONES

CAPÍTULO II

Del Procedimiento en Primera Instancia

Sección Primera

Del Procedimiento Ordinario

Artículo 33. Condiciones formales de la demanda. La demanda o recurso deberá reunir las siguientes condiciones formales:

La indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda.

El nombre, apellido y domicilio de la parte demandante o recurrente y de la parte demandada y del carácter que ostentan. Asimismo, deberá indicarse el domicilio procesal de la parte demandante o recurrente.

Si la parte demandante o la parte demandada fuesen personas jurídicas deberán contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. Si carecieran de personalidad jurídica, deberán demostrar el vínculo que los une, en caso de ser una colectividad.

Pretensión concreta y detallada; en caso de daños y perjuicios deberá indicarse el fundamento del reclamo, la estimación y una relación del monto de la indemnización.

En los casos de recursos debe identificarse con precisión el acto, la actuación material o la abstención recurrida, y en general, la actuación que se impugna.

La relación de los hechos y los fundamentos de derecho y sus respectivas conclusiones. En el caso de demandas, deben precisarse los hechos, actos u omisiones que se denuncien como causa de la pretensión

Expresión de los instrumentos en que se fundamente directamente la pretensión y de cualquier otro documento probatorio del que se disponga, así como de los hechos que se pretenda probar con cada uno de ellos.

Nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.

Cualesquiera otra circunstancias que, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, sea necesario poner en conocimiento del Juez o Jueza.

Artículo 34. Condiciones del libelo o recurso. Las partes propenderán a la simplificación de los escritos presentados, en consecuencia no se permitirán en el libelo o recurso la transcripción de precedentes jurisprudenciales o citas doctrinales extensas, y solamente podrán alegarse si las mismas fueran claras, precisas y aplicables con exactitud a la situación de hecho planteada, cuando ésta fuese imprecisa.

En ningún caso se transcribirán literalmente los artículos de los textos normativos.

Artículo 35. Remisión de la demanda o recurso al Juzgado de Sustanciación. Una vez recibida la demanda o recurso el tribunal remitirá de inmediato las actuaciones al Juzgado de Sustanciación, el cual se pronunciará acerca de la admisibilidad dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la recepción del expediente. Si el Juez o Jueza advirtiera que el escrito presentado no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 33 y 34, o resultare ambigua o confusa, concederá tres (3) días de despacho para que fuera subsanado, precisando los errores u omisiones que se hayan producido con la advertencia de que si no lo hiciere inadmitirá la demanda. Subsanados los errores, decidirá sobre su admisibilidad.

Artículo 36. Presentación del escrito por ante otro tribunal. La parte demandante, en cuya residencia no exista un tribunal competente en materia contencioso administrativa, podrá presentar su escrito ante cualquier tribunal, el cual deberá remitir el expediente, debidamente foliado y sellado, de manera inmediata, al tribunal competente señalado por la parte actora. La fecha de presentación originaria se tomará en cuenta a los fines de determinar la caducidad o prescripción correspondiente.

El tribunal receptor antes de efectuar la remisión a que hace referencia el párrafo anterior, deberá dejar constancia de la misma al pie del respectivo documento y en el libro de presentación de escritos de ese órgano jurisdiccional.

Artículo 37. Inadmisibilidad de la demanda. La demanda será declarada inadmisible en los siguientes supuestos:

En caso de caducidad de la acción o recurso intentados.

Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.

Cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.

Cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuye la parte actora.

Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible.

Cuando exista cosa juzgada.

Cuando sea contraria a alguna disposición expresa de la ley.

18. Se recomienda suprimir en su totalidad los artículos 37 y 39.

OBSERVACIONES

Artículo 38. Actuaciones del Juzgado de Sustanciación. Admitida la demanda, el Juzgado de Sustanciación acordará las siguientes actuaciones:

La citación de la parte demandada. Asimismo, se solicitará a la Administración demandada el envío de las copias certificadas de los respectivos antecedentes administrativos, aun cuando el mismo hubiese sido anexado en copia por la parte actora. La remisión deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud del tribunal.

La citación de cualquier otra persona cuyo interés jurídico actual pueda verse afectado directamente por la pretensión deducida, según se desprende de la demanda y de sus anexos.

La notificación del Fiscal o Fiscala General de la República, si éste o ésta no hubiere iniciado el juicio, el Defensor o Defensora del Pueblo y al Procurador o Procuradora General de la República, Estado o Municipio, según estén en juego los intereses de la República, Estado o Municipio.

Ordenar el emplazamiento de los interesados mediante cartel que deberá ser publicado en un periódico de circulación nacional, cuando la pretensión verse sobre la nulidad de un acto administrativo de efectos generales o particulares, para que se den por notificados en un plazo de diez (10) días de despacho, contados a partir de la publicación. En este caso, la parte recurrente deberá publicar el cartel dentro de los quince (15) días continuos siguientes a su expedición y consignarlo en el expediente en un lapso de tres (3) días de despacho siguientes a su publicación. La omisión de esta obligación por parte del o la recurrente conllevará al tribunal a declarar el desistimiento del procedimiento y el respectivo archivo del expediente, salvo que se encuentren quebrantadas normas de orden público o que un tercero interesado o interesada haya procedido a la consignación del referido cartel dentro del lapso indicado.

19. Debe recordarse que sólo las Cortes y la Sala Político Administrativa tienen previsto el funcionamiento de un Juzgado de Sustanciación. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo son unipersonales, por lo que no existe en ellos tal figura.

OBSERVACIONES

Artículo 39. Apelación de la inadmisibilidad. Contra la decisión del juzgado que declare la inadmisibilidad del recurso o acción, podrá apelarse dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes. La apelación será oída en ambos efectos. Igualmente podrá apelarse del auto de admisión dentro del lapso indicado, la cual será oída en un solo efecto.

20. Tales disposiciones suponen una duplicidad de procedimiento, contrario al principio de economía procesal. La revisión del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad corresponden al juez ponente, según el artículo 51 del proyecto, y no al Juzgado de Sustanciación. 21. La declaratoria de inadmisibilidad por parte del Juzgado de Sustanciación supone que el Tribunal colegiado en pleno deberá pronunciarse acerca de un asunto que, por motivos de celeridad procesal, el proyecto atribuye sólo al juez ponente. 22. La declaratoria de inadmisbilidad in audita parte, infringe el derecho a la defensa reconocido en los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución. 23. La declaratoria de inadmisbilidad in audita parte, impide subsanar meros defectos de forma que podrían ser corregidos a través del procedimiento de las cuestiones previas. 24. La atribución de facultades de juzgamiento a un funcionario distinto de los jueces del tribunal es contrario al principio de inmediación y al derecho al juez natural.

OBSERVACIONES

Artículo 40. Extensión del objeto de la pretensión de acto reeditado. Si después de interpuesto el recurso en el cual se solicita la nulidad de un acto administrativo y antes de la sentencia se dictare algún acto relacionado con aquél cuya nulidad haya sido pretendida, la parte demandante podrá solicitar la extensión del objeto de su pretensión al acto reeditado.

Artículo 41. Contestación de la demanda. Los legitimados como demandados o como terceros interesados y como coadyuvantes podrán apersonarse dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la citación o publicación del cartel a que se refiere el artículo 38, según sea el caso, a fin de dar contestación a la demanda interpuesta y exponer los alegatos que consideren pertinentes.

En caso que no compareciere ningún interesado o interesada, continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicar alguna notificación posterior.

Artículo 42. Alegatos en la contestación de la demanda. En la contestación a la demanda o recurso, según sea el caso, se alegarán las posibles causas de inadmisibilidad y las cuestiones previas aplicables, así como las excepciones, defensas y los motivos de oposición en cuanto al fondo de la controversia.

Conjuntamente con el recurso deberán acompañarse los documentos probatorios en que se funde la oposición que se encuentren accesibles y, en caso de requerir la evacuación de pruebas fundamentales a su pretensión, solicitará razonadamente la apertura de la causa a pruebas.

Los legitimados como parte demandada o como terceros interesados se pronunciarán razonadamente en su escrito sobre cada uno de los elementos probatorios traídos a los autos por la parte actora, ya sea para impugnarlos o para reconocerlos. En caso de que la parte no se pronuncie sobre dichos elementos probatorios o haga observaciones genéricas, se considerarán reconocidos en su contenido y surtirán plenos efectos.

Artículo 43. Cuestiones previas. Cuando la demanda se trate de pretensiones diferentes a la sola nulidad de un acto administrativo, o las solas impugnaciones contra el silencio administrativo o vías de hecho, la demandada o recurrida podrá oponer las siguientes cuestiones previas:

La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juez o Jueza.

La litispendencia o la necesidad de acumular la causa a otra.

La falta de capacidad de la parte actora.

La falta de representación de los representantes legales de la parte demandante.

La falta de cualidad de la parte demandada o del citado o citada como representante de la parte demandada.

La existencia de una cuestión prejudicial.

La cosa juzgada material.

La prohibición legal de admitir la demanda.

Artículo 44. Reconvención. En la contestación, la parte legitimada como demandada podrá formular reconvención en el escrito de contestación, cuando esté motivada en razones directamente atinentes a la demanda. El escrito de reconvención contendrá los mismos requisitos de la demanda, y podrá ser declarada inadmisible por las razones expuestas en el artículo 37 de esta ley.

Podrá ser declarada inadmisible la reconvención si esta versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento careciere de competencia el tribunal en el cual se presentare o en el caso en que deba ventilarse mediante un procedimiento especial e incompatible.

Artículo 45. Observaciones y contestación. En cualquier caso, la parte demandante podrá presentar escrito de observaciones a la contestación o, en su caso, escrito de contestación a la reconvención, dentro de las cinco (5) días de despacho siguientes.

En ambas situaciones, deberá pronunciarse sobre las pruebas promovidas por la contraparte, de manera particularizada, tanto para reconocerlas o para rechazarlas, interpretándose la falta de pronunciamiento como un reconocimiento. Igualmente, podrá modificar su solicitud de apertura del lapso probatorio, cuando considere que las pruebas aportadas por la contraparte suplen su necesidad probatoria o, por el contrario, que es necesaria la apertura del lapso probatorio para contradecir sus argumentos.

Artículo 46. Audiencia oral preliminar. El tribunal fijará, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la terminación del lapso establecido en el artículo anterior, la oportunidad para la celebración de una audiencia oral preliminar, dentro de los veinte días (20) de despacho siguientes, con la finalidad de:

Resolver sobre las cuestiones previas presentadas;

Establecer si la causa debe abrirse a pruebas, para los casos en que haya discrepancia entre las partes sobre el punto; y

Sentenciar sumariamente sobre el fondo de la causa, para el caso en que:

Las partes hayan decidido que desean una sentencia sumaria sobre la causa con las pruebas que consten en el expediente, o

El Juez o Jueza hallare que la causa no debe abrirse a pruebas por ser suficiente el material probatorio en autos, o

La pretensión deducida, por su naturaleza, requiera decisión sin necesidad de sustanciación, o

Se trate de una causa de mero derecho, o

Se encuentre manifiestamente infundada la pretensión.

En dicha audiencia, las partes tendrán la oportunidad de exponer oralmente sus pretensiones procesales y de contradecir las de la contraparte. En el caso de litisconsorcios, el Juez o Jueza decidirá si permite exposiciones separadas o si las partes deberán escoger un vocero o vocera, en caso de intereses comunes.

En cualquier caso, la audiencia oral propenderá a la sumariedad, y cuando ésta se extendiere, el Juez o Jueza podrá, a su prudente arbitrio, declarar abierto el lapso probatorio, a fin de que las partes puedan hacer el máximo uso de las oportunidades procesales, cuando considere que esto sea necesario y el procedimiento potencialmente se prolongue.

25. Se recomienda sustituir el numeral tercero del artículo 46, con sus cinco literales, por la redacción siguiente: “El juez o jueza ponente podrá acordar, previa consulta a los participantes, que la causa sea objeto de sentencia sumaria, siempre que el asunto no presente una considerable dificultad en sus aspectos de hecho o de derecho, y el objeto de la controversia hubiera sido suficientemente debatido." El agotamiento del tema debatido constituye un aspecto fundamental del juicio oral, tal como puede observarse del artículo 874 del Código de Procedimiento Civil.

OBSERVACIONES

Artículo 47. Subsanación de las cuestiones previas. Cuando el Juez o Jueza declare con lugar las cuestiones previas propuestas y éstas puedan ser subsanadas, se otorgará a la parte demandante o recurrente tres (3) días de despacho para hacerlo. En el caso que no puedan ser subsanadas o transcurrido el lapso otorgado sin que la parte subsane, se declarará terminado el procedimiento, pudiendo la parte actora proponer su pretensión a partir del primer día de despacho siguiente al vencimiento del lapso anterior.

Declaradas sin lugar las cuestiones previas, deberá el Juez o Jueza decidir sobre la apertura de las pruebas o sobre la sentencia sumaria, de ser el caso.

Artículo 48. Competencia para decidir las cuestiones previas. La decisión sobre la subsanación de las cuestiones previas corresponderá, si es el caso, al Juzgado de Sustanciación. En caso de hallarse que no se subsanaron correctamente las cuestiones previas, la decisión de dicho juzgado deberá ser consultada con la Sala o la Corte correspondiente.

Artículo 49. Disconformidad en la apertura del lapso probatorio. Cuando el Juez o Jueza deba decidir sobre la disconformidad de las partes respecto a si la causa debe abrirse a pruebas, tomará en cuenta la complejidad del asunto, los elementos probatorios presentados y los que las partes razonablemente requieran para sustentar adecuadamente su pretensión, así como los alegatos y defensas presentados en la causa.

Si el Juez o Jueza considerase que es necesaria la apertura del lapso probatorio, expresará oralmente las consideraciones realizadas de manera sucinta y se considerará abierto dicho lapso el día de despacho siguiente de la finalización del acto. Estas consideraciones quedarán plasmadas en un acta que se levantará a fin de dejar constancia de la decisión. Contra la decisión de abrir el lapso probatorio no se oirá apelación alguna.

Para el caso en el que el Juez o Jueza considere, también de manera razonada, que no debe abrirse el lapso probatorio, pasará a dictar sentencia sumaria sobre lo discutido, ateniéndose únicamente a lo alegado y probado en autos hasta ese momento. Esta decisión tendrá apelación únicamente de forma conjunta con la sentencia sumaria, la cual se decidirá como punto previo a la sentencia en segunda instancia.

Artículo 50. Sentencia sumaria. La sentencia sumaria se pronunciará sobre la pretensión de fondo y los accesorios de los que se tratare, de manera sucinta, relacionando las pruebas aportadas por las partes, analizando solamente aquellas que sean fundamentales. Asimismo, podrá apoyar su decisión en criterios jurisprudenciales reiterados.

En caso de procedimientos que por su naturaleza no requieran de mayor sustanciación, la sentencia realizará las consideraciones pertinentes al respecto.

Artículo 51. Decisión. Las decisiones sobre las cuestiones previas expuestas y sobre la procedencia de la apertura de la causa a pruebas podrán ser tomadas por el Juez o Jueza Ponente. Las sentencias sumarias y las decisiones sobre la improcedencia de la apertura del lapso probatorio requerirán la concurrencia de los jueces que componen el tribunal, si se trata de un tribunal colegiado.

Artículo 52. Conclusiones. Dentro de los tres (3) días de despacho siguientes al vencimiento de la etapa probatoria, si la hubiere, las partes podrán consignar a los autos el escrito contentivo de sus conclusiones, el cual expondrá sucintamente los términos en los cuales quedó establecida la litis y los aportes probatorios de las partes, expresando las conclusiones y observaciones pertinentes. No será admisibles escritos de observaciones a los escritos de conclusiones.

Artículo 53. Lapso para decidir. Al día siguiente del lapso arriba establecido, sin relación de la causa, se abrirá el lapso para decidir.

Artículo 54. Incidencias. Cuando se presenten incidencias en el procedimiento que deban ser resueltas inmediatamente, el Juez o Jueza o el Juzgado de Sustanciación, en su caso, ordenará el mismo día que las partes presenten sus consideraciones y pruebas que requirieran dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, luego de lo cual el Juez o Jueza decidirá dentro de los tres (3) días de despacho siguientes.

Si la situación planteada requiere mayor sustanciación, el Juez o Jueza o el Juzgado de Sustanciación podrán prorrogar el lapso para que presenten argumentos y pruebas hasta por un máximo de diez (10) días de despacho, finalizados los cuales deberá decidir.

Sección Segunda

Del Procedimiento Sumario

Artículo 55. Supuestos en que procede. Se sustanciaran por el procedimiento sumario, que se regula en esta Sección, las pretensiones que se deduzcan en relación con:

Las actuaciones materiales constitutivas de vías de hecho.

Las prestaciones de dar o hacer.

Los asuntos que no superen las cinco mil Unidades Tributarias (5.000 U.T.)

El recurso por abstención o carencia, cuando éste solo tenga por objeto el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

El reclamo por la prestación de servicios públicos, cuando éste solo tenga por objeto el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

En lo no previsto en esta Sección se aplicará lo dispuesto en la Sección anterior, siempre y cuando sea compatible con el carácter sumario de este.

Artículo 56. Iniciación. El proceso se iniciará con la presentación de la demanda, que se ajustará a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de esta ley.

El día de la presentación de la demanda el tribunal requerirá al órgano o ente público o particular que ejerciere funciones administrativas, acompañando copia de la demanda, para que en el plazo máximo de dos (2) días remita cuantas actuaciones obren en su poder relativas a las cuestiones planteadas, hasta la celebración de la audiencia.

El mismo día emplazará a los que se determinen en la demanda como parte demandada o terceros y a cuantos otros que se considere legitimados para intervenir en el proceso, acompañando copia de la demanda y citación para la audiencia, con la advertencia de que deberán aportar a las actuaciones todos los documentos de prueba que estimen pertinentes.

Artículo 57. Audiencia. La audiencia se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la demanda, excepto cuando se ignore el domicilio de las personas legitimadas como parte demandada, quienes serán emplazados mediante un cartel, que deberá ser publicado en un diario de circulación nacional, el cual deberá contener el término de la comparecencia. El plazo anterior se contará a partir del día siguiente en que se hubiese publicado el emplazamiento.

El tribunal de oficio o a solicitud de parte, podrá adoptar las medidas cautelares que consideren necesarias para garantizar los efectos de la posible sentencia condenatoria.

Artículo 58. Alegatos del accionante y facultades del Juez o Jueza. La audiencia se celebrará el día y a la hora señalada, siempre que comparezca el accionante, si no compareciere, se entenderá que ha desistido de la pretensión.

La audiencia comenzará con los alegatos del accionante sobre los fundamentos de su pretensión, seguidos por los interesados, en cuyo caso se oirá al accionante sobre estas cuestiones, con posibilidad de subsanar los defectos de que adoleciere.

El tribunal decidirá sobre la procedencia de continuar o no el proceso o de aplicar el procedimiento ordinario según la complejidad del asunto.

Artículo 59. Alegatos de fondo y sentencia. Si ninguna de las partes plantease la inadmisibilidad de la pretensión, o planteada fuera desestimada, se oirán los alegatos de fondo.

Si no existiese disconformidad sobre los hechos, el tribunal dictará sentencia sin dilación, si existiese disconformidad, se practicarán las pruebas promovidas por las partes.

Artículo 60. Normas para la práctica de las pruebas. Las pruebas se practicarán con arreglo a las normas generales del ordenamiento jurídico, con las siguientes excepciones:

Si alguna de las partes hubiere promovido la prueba de testigos, tendrá la carga de presentarlos, y si no fuera posible, deberán solicitar la citación con al menos tres (3) días de antelación a la audiencia, sin que se interrumpa ésta por la no comparecencia.

Si se hubiere promovido prueba pericial, la parte deberá aportar el informe del perito y tendrá la carga de presentarlo en la audiencia, a fin de que pueda responder a las preguntas de las partes y del tribunal.

Excepcionalmente se interrumpirá la audiencia para la práctica de pruebas que no puedan realizarse en ella, si fueran imprescindibles para la resolución.

Artículo 61. Alegatos sobre las pruebas. Practicadas las pruebas formularán alegatos sobre las mismas el accionante y las demás partes, dictándose sentencia en el lapso de cinco (5) días de despacho.

Sección Tercera

Del Procedimiento Ejecutivo

Artículo 62. Objeto del Procedimiento Ejecutivo. Cuando la pretensión presentada tenga por objeto instar la ejecución de un acto administrativo, un contrato o, en general, de cualquier título ejecutivo o el que pueda considerarse su equivalente, cuya validez y eficacia no sea discutida, podrá optarse por el procedimiento ejecutivo, conforme las previsiones de esta ley.

Artículo 63. Condiciones formales de la demanda. La demanda contendrá las condiciones formales de la demanda establecidas en el artículo 33, así como el título sobre el cual derive directamente la pretensión, el cual deberá ser presentado en originales conjuntamente con la demanda, sin poder ser producido en oportunidad posterior.

Artículo 64. Causales de inadmisibilidad. Serán aplicables las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 37, según el análisis de la idoneidad del título y su validez.

Artículo 65. Citación de los legitimados. Admitida la solicitud ejecutiva, el Juez o Jueza ordenará la citación de la Administración o de la parte demandada, en su caso, para que comparezca dentro lo próximos quince (15) días de despacho posteriores a que se deje constancia en autos de la práctica de la citación, para que proceda a convenir en la solicitud presentada, a negarla, a proponer un medio alternativo de resolución de conflicto, o una propuesta de solución a la controversia.

Artículo 66. Cumplimiento de la obligación. Convenida la Administración o parte demandada en la solicitud presentada, el Juez o Jueza conminará al cumplimiento de la obligación de que se trate. Dicha sentencia tendrá el carácter de cosa juzgada y podrá ser ejecutada conforme a los lineamientos establecidos en la presente ley.

Artículo 67. Negativa de la solicitud de ejecución. La negación de la solicitud de ejecución podrá proponerse solamente en los siguientes casos:

Cuando el título jurídico sobre el cual se fundamenta la solicitud sea falso, ya sea en su contenido o en su firma.

Cuando se afirme la inidoneidad del título para solicitar ejecución de obligación.

Cuando se oponga la ilegalidad del título o su nulidad, no imputable a la parte que resiste.

Cuando se afirme el cumplimiento de la obligación que se demanda ejecutar.

Cuando sea necesario la apertura del procedimiento ordinario por estar envueltas razones de estricto orden público que requieren la participación de terceros, o que sea necesario ampliar el debate probatorio para desestimar la validez o eficacia del título hecho valer.

Presentadas razones diferentes a las expuestas, el Juez o Jueza las desechará sumariamente.

Artículo 68. Denegación de la solicitud. En cualquier caso, el Juez o Jueza deberá pronunciarse respecto a la solicitud dentro de los quince (15) días siguientes a la contestación. Denegada la solicitud, se considerarán a derecho las partes, se ordenará la notificación de las autoridades y terceros que deban intervenir en el juicio, y se fijará la realización de la audiencia oral, siguiéndose el procedimiento ordinario.

Artículo 69. Medio alternativo de resolución de conflictos. Solicitada la aplicación de un medio alternativo de resolución de conflictos, el Juez o Jueza establecerá un lapso para su implementación, el cual será prorrogable por solicitud de ambas partes. Si el tiempo solicitado se agotare sin acuerdo entre las partes, decidirá dentro del lapso establecido para ello.

Artículo 70. Propuesta de solución. Si se presentare una propuesta de solución, el Juez o Jueza concederá un tiempo prudencial a la contraparte para aceptarla o desecharla. Si decide desecharla, ordenará el Juez o Jueza la aplicación de un medio alternativo de solución de conflictos que considere conveniente. Si éste fuere infructuoso, procederá conforme el artículo anterior.

Artículo 71. Homologación del convenio. Aceptada la propuesta de solución, o solucionada la controversia conforme al medio alternativo de resolución de conflicto empleado, el Juez o Jueza examinará el convenio y lo homologará conforme a las normas aplicables. Si decide no homologarlo, la solución no tendrá el carácter de cosa juzgada.

CAPITULO III

Del Procedimiento de Segunda Instancia

Artículo 72. Remisión del expediente. Oída la apelación, el juzgado que dictó la sentencia remitirá el expediente al tribunal jerárquicamente superior quien deba conocer de la apelación.

Al recibirlo, el Secretario del juzgado que deba conocer la apelación dejará constancia de la fecha de recibo, el número de folios y de las piezas que contenga el expediente. En esa misma oportunidad se nombrará Ponente en la causa.

Artículo 73. Fundamentos de la apelación. Dentro del lapso de cinco (5) días de despacho, el apelante presentará escrito en el cual precisará las razones de hecho y de derecho en que se funde y si requiere la apertura de lapso probatorio. En este último caso, deberá consignar los elementos probatorios con los que cuente para el momento y detallar los elementos probatorios que promueve, la relación de estos con la litis y con los motivos de la apelación. En caso de que no se expusiera concretamente los fundamentos que sustentan la apelación, podrá tenerse ésta como no presentada. Si el apelante no presentare el escrito en el lapso indicado, se considerará que ha desistido de la apelación.

Si ambas partes apelaron a la sentencia, las prescripciones de este artículo serán aplicables a cada una de las partes.

Artículo 74. Contestación de la apelación. Vencido ese término correrá otro de cinco (5) días de despacho para la contestación de la apelación, en el cual se expondrán sucintamente las razones de oposición a la apelación de la contraparte. No podrá la parte que únicamente resiste a la apelación solicitar la apertura del lapso probatorio si la parte apelante no lo solicitó en su oportunidad. Asimismo, en capítulo aparte, podrá hacer observaciones a los medios probatorios consignados y promovidos por la parte apelante.

Artículo 75. Observaciones a las pruebas. Culminado dicho lapso, la parte apelante tendrá tres (3) días de despacho para hacer las observaciones a las pruebas promovidas por la parte resistente. Dicho lapso se abrirá sin necesidad de pronunciamiento por parte del Juez o Jueza o del Juzgado de Sustanciación.

Artículo 76. Admisibilidad de las pruebas. Solicitada la apertura del lapso probatorio, el Juzgado de Sustanciación o el Juez o Jueza, en su caso, se pronunciará en tres (3) días de despacho sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas por las partes. Solamente del auto que inadmita alguna prueba se oirá apelación directa.

Artículo 77. Evacuación de las pruebas. Admitida las pruebas, serán evacuadas dentro de los diez (10) días de despacho siguientes. Este lapso podrá ser prorrogado únicamente por solicitud justificada de las partes.

Artículo 78. Pruebas pertinentes. En esta instancia sólo se admitirán las pruebas de experticia, inspección judicial y la prueba por escrito. Para el caso de la prueba por escrito, será admisible únicamente cuando se demuestre que no haya sido posible su promoción en la primera instancia de la causa.

Artículo 79. Acto público de informes de apelación. Cuando no se haya abierto lapso probatorio, quede firme el auto que declare inadmisible las pruebas, concluya la evacuación de las pruebas admitidas o termine el lapso de evacuación, se devolverá el expediente a la Sala, de ser el caso. Al recibirlo, se fijará el décimo (10º) día de despacho siguiente para la celebración del acto público de informes de apelación, el cual será oral.

En dicho acto se expondrán los argumentos de las partes referentes a la sentencia apelada y su justeza a derecho, con un análisis breve de los elementos probatorios traídos a los autos en la etapa probatoria abierta y sus respectivas conclusiones. En ese acto se permitirá realizar réplicas y contrarréplicas, siempre que el Juez o Jueza consideren necesario para esclarecer la litis.

La no comparecencia injustificada de las partes o sus apoderados, según sea el caso al acto de informes, será sancionada con multa de diez Unidades Tributarias (10 U.T.) a cada uno de los abogados o abogadas que en ese momento se encontraran representándola, o a la parte misma si fuera el caso, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiere acarrear.

Artículo 80. Conclusiones. Una vez finalizado el acto de informes de apelación, las partes podrán consignar a los autos el escrito contentivo de sus conclusiones, el cual expondrá sucintamente los términos en los cuales quedó establecida la litis y los aportes probatorios de las partes, expresando las conclusiones y observaciones pertinentes a que a bien tuvieren. No será admisibles escritos de observaciones a los escritos de conclusiones.

Artículo 81. Lapso para decidir. Al día siguiente del día en el cual se fijare la celebración del acto de informes de apelación, sin relación de la causa, se abrirá el lapso para decidir, que será de treinta (30) días de despacho, prorrogables por un periodo igual mediante auto razonado.

Artículo 82. Consulta de sentencias. Cuando ninguna de las partes haya apelado de una decisión, pero la sentencia deba ser consultada, se procederá de inmediato a la vista de la causa, sin la intervención de aquéllas.

En tales casos, sumariamente, se confirmará, reformará o revocará el fallo consultado. De igual modo se procederá, con audiencia de las partes, cuando la apelación verse sobre medidas preventivas.

CAPÍTULO IV

De la Sentencia y de los modos de terminación del procedimiento.

Artículo 83. Sentencia. Dentro de los treinta (30) días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de presentación de los informes escritos el tribunal dictará sentencia sobre la causa. Dicho lapso podrá ser prorrogado una sola vez, por treinta (30) días. En dicha sentencia se resolverán las cuestiones incidentales que se presentaren, siempre y cuando no pongan en indefensión a alguna de las partes, impida la continuación de la causa o prejuzguen como definitivos, casos en los que se decidirá cuando se presenten.

Artículo 84. Votos en la sentencia. La decisión deberá contar con la mayoría de los votos de los Jueces que constituyen el tribunal. Podrá anunciarse voto salvado o concurrente, de manera razonada, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dictada la sentencia, para que esta tenga validez. La falta de presentación del voto salvado dentro del lapso reputará el voto salvado como no presentado.

Artículo 85. Efectos de la sentencia, potestad de autotutela y medios alternativos. La sentencia que declare sin lugar la pretensión de que se trate solo producirá efectos entre las partes. Sin embargo, dicha sentencia no impedirá el ejercicio de la potestad de autotutela de la Administración, siempre que no infrinja los límites que la ley establece. Asimismo, las partes podrán hacer uso de medios alternativos de resolución de conflictos cuando el interés público así lo aconsejare.

Artículo 86. Contenido de la sentencia. Según la pretensión deducida, la sentencia que declare con lugar la pretensión tendrá el siguiente contenido:

La sentencia que declare con lugar la pretensión deducida, en relación con un acto administrativo, declarará la nulidad total o parcial del acto administrativo particular cuya nulidad se pretende o del silencio administrativo en su caso, establecerá los efectos de dicha nulidad en el tiempo, pudiendo establecer un lapso no mayor de tres (3) meses para que se materialice la nulidad. De igual manera, la sentencia condenará a la adopción de cuantas medidas y providencias fueren necesarias para restablecer la situación jurídica infringida. Asimismo, en el caso de que se haya adjuntado una pretensión de resarcimiento patrimonial, se pronunciará al respecto tratando, en lo posible, de indemnizar para el momento de dictar sentencia todos los daños denunciados.

Cuando se trate de una abstención o inactividad de la Administración en proveer sobre una obligación específica, la sentencia condenará al ente obligado a proveer de una manera concreta, otorgando un lapso prudencial. En cualquier caso, la ejecución forzosa de la sentencia suplirá el título jurídico para hacer valer la obligación de la cual se trate, si esto fuere posible, sin perjuicio de las sanciones por desacato. Asimismo, la sentencia se pronunciará sobre las indemnizaciones a que hubiere lugar, en caso de que éstas se hubiesen alegado y probado en autos.

Si la pretensión se hubiere deducido en relación con una vía de hecho, la sentencia condenará al cese inmediato de la actuación material y a que se restablezca la situación jurídica perturbada, así como a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, en caso de que estos últimos hayan sido alegados y probados en autos.

Si la pretensión de hubiere planteado en relación con un contrato celebrado por los órganos administrativos sujetos a control contencioso administrativo, la sentencia se pronunciará sobre la pretensión, dispondrá de lo que sea necesario para equilibrar las prestaciones que se hubieren realizado entre las partes y, en general, dispondrá de lo necesario para salvaguardar el interés público involucrado, armonizando las soluciones propuestas con los intereses debatidos.

Si la sentencia estimare una pretensión de indemnización de daños y perjuicios, incluso de carácter moratorio, o condenare al resarcimiento para restablecer el orden jurídico perturbado, determinará la persona obligada a indemnizar y la cuantía de la indemnización si en autos existen elementos suficientes para ello. Si no existieren, el Juez o Jueza podrá solicitar una experticia complementaria del fallo que será parte integrante de la sentencia.

Para el caso en el cual se haya expuesto una controversia administrativa, la sentencia establecerá de manera clara y precisa a quién corresponde la competencia, facultad, titularidad o prerrogativa de la que se trate. Asimismo, de ser necesario, podrá declararse la nulidad de actuaciones administrativas que se hubieren realizado ilegítimamente por la parte incompetente para hacerlo, únicamente cuando la impugnación se derive de la incompetencia o falta de legitimidad del órgano administrativo o ente institucional.

Si se hubiese pretendido la interpretación de una norma de contenido administrativo, la sentencia definirá en términos claros el sentido y alcance de la norma, vista en el contexto normativo y constitucional en el cual se inserta.

La condena en costas, si es procedente.

Artículo 87. Extensión de los efectos de la sentencia. Los efectos de la sentencia pueden extenderse a terceros demandantes y recurrentes, cuando prueben que se encuentran en una situación sustancialmente igual a la sentenciada, solicitándolo al organismo o ente público demandado dentro del año siguiente a la última notificación de la sentencia.

Si la petición de la extensión de los efectos de la sentencia ante el órgano competente del organismo o ente público fuese desestimada o transcurriesen tres meses sin haberse recibido notificación, podrá solicitarse del tribunal sentenciador, dentro de los dos meses siguientes, acompañando los documentos que acrediten la identidad, para que decida sumariamente previa audiencia del organismo o ente público. En dicho caso no habrá lugar a la apertura de lapso probatorio.

Artículo 88. Desistimiento. La parte actora podrá desistir expresamente del procedimiento en cualquier estado o grado del proceso, siempre y cuando no se encuentre involucrado el orden público.

El tribunal no aceptará el desistimiento si se apreciare daño para el interés público. En ese último caso, el procedimiento continuará sin requerir actuación de la parte que desistió. Si fueren varios los demandantes, el proceso seguirá respecto de aquellos que no hubiesen desistido.

Artículo 89. Convenimiento. La parte demandada podrá convenir en la pretensión deducida de manera parcial o total, en los hechos o en el derecho, cuando se encuentre debidamente legitimada para ello y no contradiga la legislación pertinente. En caso de convenimiento total, el Juez o Jueza pasará a dictar sentencia. En el caso de convenimiento sobre los hechos, prescindirá el Juez o Jueza del análisis probatorio de los hechos expresamente reconocidos por la parte.

No procederá el convenimiento cuando exista evidencia que fue realizado fraudulentamente, que supusiera renuncia de competencias expresas de obligatorio cumplimiento, que atentare contra el interés general o incurra en infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Declarado improcedente el convenimiento, continuará la causa como si no hubiese sido presentado.

Artículo 90. Transacción. Cuando el proceso tuviere por objeto derechos patrimoniales disponibles, la parte se encontrare legitimada para transigir y no quedare comprometido el orden público, las partes podrán llegar celebrar una transacción que ponga fin a la controversia o que limite su alcance, la cual deberá ser homologada para que tenga fuerza de cosa juzgada.

Cuando el Juez o Jueza aprecie que se han llenado los requisitos procesales exigidos, dictará un auto en el cual homologará la transacción y declarará terminado el proceso, si esto fuere procedente. A tal efecto, las partes podrán solicitar del tribunal la suspensión de la tramitación por un plazo no superior a un (1) año.

Artículo 91. Terminación del proceso por otras causas. El proceso se dará por terminado:

Por muerte de la parte demandante, cuando su pretensión fuese intransmisible o que por esta circunstancia decayere el objeto, salvo que procediere determinar la no conformidad a derecho de la actuación administrativa a efectos de la posible responsabilidad patrimonial de la parte demandada.

Por decaimiento sobrevenido del objeto de la pretensión.

Que por cualquier otra causa dejara de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida.

Cuando se produjere alguna de las causas a que se refieren los numerales anteriores se pondrá de manifiesto al tribunal por cualquiera de las partes, que, previa audiencia de las partes, en un lapso no mayor a los cinco (5) días de despacho, decidirá si procede o no continuar el proceso.

Si decidiere que no procede la continuación, dictará auto declarando terminado el procedimiento.

CAPÍTULO V

De los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos

Artículo 92. Facultad de proponer medios alternativos. En cualquier etapa y fase del proceso, el Juez o Jueza tendrá la facultad de proponer el empleo de medios alternativos de resolución de conflictos que considere pertinente entre las partes, cuando verifique que una solución concertada entre las partes sea conducente para conciliar los intereses privados y públicos envueltos.

Asimismo, las partes de común acuerdo, podrán establecer acuerdos preliminares a la apertura del juicio, mediante los cuales podrán acordar los puntos a los que se contraerá la controversia, las pruebas que promoverán, así como todo aquello que consideren que permita depurar el procedimiento y, en general, hacer más expedito y facilitar la solución procesal.

Este acuerdo obligará a las partes dentro del proceso a su cumplimiento, y el Juez o Jueza se hará garante de lo pactado, ordenando el procedimiento conforme a lo convenido, siempre y cuando considere que su estricta vigilancia no altera el orden ni el interés público o que plantea un desequilibrio entre las partes o un perjuicio a un tercero procesal.

Artículo 93. Aplicación del medio alternativo. Durante la etapa de sentencia el Juez o Jueza podrá ordenar la aplicación del medio alternativo de resolución de conflictos que considere pertinente, bajo su supervisión y con carácter de obligatoriedad. A los efectos anteriores, el Juez o Jueza dictará los lineamientos que señale para el caso, a fin de delimitar las cuestiones que deberán ser resueltas mediante el uso de los citados medios.

Para el empleo e implementación del medio alternativo de resolución de conflictos, el Juez o Jueza acordará un periodo prudencial para que las partes presenten un acuerdo que deberá ser homologado. Este periodo puede ser prorrogado por una sola vez, vistos los avances en las discusiones y la posibilidad de llegar a un acuerdo concertado definitivo.

En caso de que las partes no puedan resolver la controversia en el tiempo establecido, el Juez o Jueza declarará terminada la incidencia y procederá a dictar sentencia, para lo cual conservará íntegramente el lapso de sentencia así como la prórroga.

TITULO V

DE LAS PRUEBAS

CAPÍTULO I

De las Pruebas en General

Artículo 94. Medios de prueba. Las partes podrán valerse de cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando las disposiciones relativas a los medios de pruebas contempladas en las leyes o, en su defecto, en la forma que señale el Juez o Jueza.

La parte promovente tendrá la carga de argumentar la necesidad y conducencia de la prueba para evidenciar cada hecho y su conexión directa con la pretensión, lo cual deberá exponerse pormenorizadamente en su escrito de promoción.

Artículo 95. Auto para mejor proveer. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez o Jueza puede ordenar de oficio la evacuación de medios probatorios adicionales que considere convenientes.

El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término para su cumplimiento y contra él no se oirá recurso alguno.

Artículo 96. Prohibición a la Administración Pública. En ningún caso se admitirá absolver posiciones juradas ni prestar juramento decisorio. Sin embargo las partes podrán contestar por escrito las preguntas que, en igual forma, les hicieren el Juez o Jueza o la contraparte a través del tribunal de la causa, sobre aquellos hechos de los cuales tengan conocimiento personal y directo.

Artículo 97. Carga de la prueba. La carga de la prueba corresponde a quien afirme los hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos, salvo disposición legal en contrario. Asimismo, corresponde a la contraparte la contradicción y el control de la prueba promovida por el adversario.

Artículo 98. Valoración de las pruebas. La valoración de las pruebas se realizará conforme a las reglas de la sana crítica. El Juez o Jueza tenderá a mantener criterios estables respecto a la valoración de pruebas y seguirá los criterios jurisprudenciales de la materia.

CAPITULO II

Del Lapso Probatorio

Artículo 99. Promoción de pruebas. Abierto el lapso probatorio por decisión del Juez o Jueza o por solicitud de las partes, éstas contarán con diez (10) días de despacho contados desde el día siguiente de la decisión de abrir la causa a prueba o de la contestación de la demanda, para promover las pruebas que consideren pertinentes.

Durante ese lapso, las partes presentarán su escrito de promoción de pruebas en el cual se limitarán a exponer las pruebas que pretenden sean admitidas y valoradas en el procedimiento, y los hechos concretos que pretenden probarse con ellos.

Artículo 100. Tramitación de las pruebas. En el caso de los procedimientos que se ventilen ante la Sala Político-Administrativa y las Cortes de lo Contencioso Administrativo, la competencia respecto a la tramitación de las pruebas recaerá en el Juzgado de Sustanciación respectivo. Sus decisiones serán apelables ante la Sala o Corte respectiva junto a la sentencia definitiva, a menos que impida la continuación del procedimiento o declare inadmisible alguna prueba, casos en los cuales tendrá apelación directa en doble efecto.

Artículo 101. Apelabilidad del auto de admisión. Los autos que decidan sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes serán recurribles únicamente con la definitiva, como punto previo al pronunciamiento de fondo.

Artículo 102. Evacuación de pruebas. Admitidas las pruebas, se abrirá un lapso de entre cinco (5) a veinte (20) días de evacuación de pruebas, conforme considere el Juez o Jueza sea el tiempo necesario en vista del número y complejidad de las pruebas que se solicite sean evacuadas. Dicho lapso podrá ser prorrogado de ser necesario, pero únicamente cuando medie causa justificante. Transcurrido el lapso de evacuación, se considerará vencido el lapso probatorio.

TITULO VI

GENERALIDADES EN EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I

De las Causales de Inhibición y Recusación

Artículo 103. Causales de inhibición y recusación. Los jueces y juezas, magistrados y magistradas, jueces y juezas de sustanciación y sus secretarios y secretarias deberán inhibirse o podrán ser recusados y recusadas, por alguna de las causales siguientes:

 1. Por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes o sus apoderados, en cualquier grado, en línea recta o en la colateral hasta cuarto grado, inclusive, o de afinidad hasta el segundo grado, inclusive. Procederá también, la inhibición o recusación por ser cónyuge del inhibido o del recusado, del apoderado o del asistente de cualquiera de las partes.

2. Por tener el inhibido o el recusado, su cónyuge o algunos de sus consanguíneos o afines, dentro de los grados indicados, interés directo en el pleito.

3. Por haber dado, el inhibido o el recusado recomendación, o prestado su patrocinio a favor de alguno de los litigantes, sobre el pleito en que se le recusa.

4. Por tener, el inhibido o el recusado, sociedad de interés o amistad íntima con alguno de los litigantes.

5. Por haber, el inhibido o el recusado, manifestado previamente su opinión sobre el mérito principal del pleito o sobre la incidencia pendiente antes de la sentencia correspondiente.

6. Por enemistad entre el inhibido o el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por los hechos que, sanamente apreciados, evidencien parcialidad del inhibido o del recusado; y

7. Por haber recibido el inhibido o el recusado, dádiva de alguno o algunos de los litigantes, después de iniciado el juicio.

En el caso de que se trate de un tribunal colegiado, la recusación solamente será oponible contra los ponentes o los jueces de sustanciación, sin prejuzgar contra las acciones patrimoniales, penales o disciplinarias que pudieren ejercerse contra el Magistrado y Magistrada o Juez y Jueza que encontrándose incurso en alguna de las causales, no se inhibiera.

CAPÍTULO III

De la Ejecución de la Sentencia

Sección Primera

Parte General

Artículo 104. Ejecución de la sentencia. La sentencia contencioso administrativa definitivamente firme constituye un título ejecutivo de cumplimiento inmediato que debe ser acatado luego de adquirida su firmeza. Igual naturaleza comportará el laudo arbitral o transacción homologado por el tribunal competente.

Su ejecución material corresponde a aquel tribunal que haya conocido en primera instancia o que, conforme a las reglas de distribución de competencia, hubiere conocido del mismo.

Artículo 105. Efectos de las sentencias de nulidad. Cuando se trate de sentencias de nulidad, sus efectos serán inmediatos con la publicación del fallo, si no se dispusiere otra cosa. Asimismo, sus efectos no serán retroactivos si no se estableciere otra cosa. El Juez o Jueza contencioso administrativo podrá disponer un lapso en el cual podrá quedar diferida la nulidad cuando sea necesario realizar actividades que permitan la estabilidad y continuidad de la actividad administrativa, cuando sea necesario sustituir la actuación administrativa por la propia administración recurrida, siempre y cuando el Juez o Jueza no pueda tomar las medidas restitutivas necesarias.

Asimismo, la sentencia podrá establecer plazos para el cumplimiento y planes o programas de sustitución de la actuación recurrida como medios contingentes y temporales de restablecimiento de la situación jurídica infringida.

Artículo 106. Cumplimiento de la sentencia. Para el caso de que la demandada no sea la República o un Municipio, y sin perjuicio de lo expresado en el artículo anterior, adquirida firmeza la sentencia, la parte interesada solicitará al tribunal que fije un lapso no menor de tres (3) días de despacho ni mayor de diez (10), para que la parte perdidosa efectúe voluntariamente y de buena fe el cumplimiento voluntario del dispositivo de la sentencia, periodo en el cual no podrá intentarse su ejecución forzosa.

Sin embargo, por acuerdo de las partes, se podrá suspender la ejecución de la sentencia por el tiempo que éstas determinen con exactitud. Asimismo, las partes podrán realizar los actos de composición voluntaria que estimen convenientes, respecto al cumplimiento de la sentencia.

En ambos casos, las disposiciones y convenios realizados por las partes serán válidos únicamente cuando éstas tengan la legitimación requerida, se trate de derechos disponibles y no se lesione el orden público.

Artículo 107. Ejecución forzosa. Transcurrido el lapso establecido en el artículo anterior sin que la parte perdidosa hubiere cumplido voluntariamente la sentencia, el tribunal procederá a la ejecución forzosa.

En cualquier caso, la ejecución forzosa requerirá al Ministerio Público la apertura de una investigación de oficio a fin de que se pronuncie respecto a la responsabilidad penal que derive del incumplimiento del contenido de la sentencia, conforme a esta ley y la legislación penal aplicable.

Artículo 108. Decreto de cumplimiento forzoso. El decreto de cumplimiento forzoso permitirá, en el caso de ser posible legalmente, la ejecución de cantidades líquidas de dinero que se encontraren presupuestadas en partidas obligaciones contingentes por asuntos litigiosos a las que se refiere la ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, si esta contase con fondos. Solamente cuando dicha partida se encontrare completamente ejecutada, podrán ejecutarse cantidades líquidas de dinero en efectivo, cuentas bancarias o bienes muebles, pero únicamente cuando dichos bienes no se encuentren directamente destinados a atender programas de bienestar social. Son aplicables supletoriamente los medios de ejecución de sentencia establecidos en el Código de Procedimiento Civil, ajustándose a las particularidades del caso.

Artículo 109. Desacato. Aquella autoridad o particular que incumpliere injustificadamente el mandamiento contenido en una sentencia definitivamente firme cuando se ordene un hacer, un no hacer o un dar, diferente del pago de cantidades de dinero, luego de ordenada la ejecución forzosa de la sentencia por autoridad competente, será castigado con prisión de 6 a 12 meses.

Cuando se trate de decisiones interlocutorias, bastará que ésta haya sido notificada debidamente tres (3) veces para incurrir en el delito expuesto en este artículo.

Sección Segunda

De la Ejecución Forzosa contra la República

Artículo 110. Ejecución de sentencias contra la República. Para la ejecución de sentencias contra la República, se procederá conforme al procedimiento establecido en el Decreto con Rango de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República o la que estableciere dicho procedimiento. Se aplicarán supletoriamente las previsiones especiales y generales establecidas en esta ley cuando se trate de ejecución de sentencias contencioso administrativas.

Artículo 111. Contenido del decreto de ejecución voluntaria. El contenido del decreto de ejecución voluntaria será siempre el de establecer un lapso no mayor de treinta (30) días hábiles para cumplir el dispositivo de la sentencia y, en su caso, de proponer la forma de cumplimiento a que diere lugar.

Artículo 112. Intereses calculados. En los casos en los cuales se le haya requerido a la Procuraduría General de la República la proposición de un modo y oportunidad de cumplimiento de la sentencia condenatoria con contenido patrimonial y no lo cumpliere en el tiempo establecido, la República deberá de pleno derecho los intereses calculados sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, contado a partir del día en el cual se inició el retardo. Igual interés será aplicado cuando establecido el modo y oportunidad de pago del monto condenado, éste no fuese cancelado.

Los intereses se considerarán parte integrante de la condenatoria contenida en la sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los funcionarios y funcionarias frente a la República. Dichos intereses serán cancelados con prioridad al capital adeudado, conforme a las reglas de imputación de pagos establecidas en el Código Civil.

Artículo 113. Cálculo y procedencia del pago. El cálculo, y procedencia del pago de los señalados intereses podrá resolverse mediante una incidencia que se abrirá durante el procedimiento de ejecución de sentencia. La decisión sobre dicha incidencia no tendrá apelación.

Artículo 114. Sanción penal. Pasado el lapso concedido en el decreto de ejecución forzosa sin que el dispositivo de la sentencia se hubiere cumplido, y siempre y cuando no se trate de pago de cantidades de dinero, se considerará a los funcionarios y funcionarias incursos en el delito establecido en el artículo 114 (referente al desacato) de esta ley.

Artículo 115. Supletoriedad. Las demandas o recursos en las que se condene a los Municipios a obligaciones de hacer, no hacer o dar se regirán por su ley respectiva y, supletoriamente, por las previsiones establecidas por esta ley, en cuanto fueren compatibles.

TITULO VII

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo 116. Poder cautelar. El Juez o Jueza contencioso administrativo contará con los más amplios poderes cautelares para dictar las medidas positivas, negativas o suspensivas, e incluso medidas anticipativas, que considere convenientes para proteger a la parte demandante, recurrentes, la Administración e, incluso, a la colectividad, cuando se aprecie de los hechos traídos a su consideración, la apariencia de un buen derecho alegado por el accionante legitimado y que la falta de actuación pronta, permita presumir un grave daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva.

A la solución de medidas cautelares se dará prioridad sobre cualquier otro asunto.

Artículo 117. Caución. Cuando el Juez o Jueza considere que no se encuentre clara la necesidad de provisión cautelar, o que la medida solicitada pudiese afectar injustamente a terceros, ya sean parte o no en el juicio, podrá fijar una caución personal o real, que permita a los interesados lograr la materialización de su solicitud cautelar hasta la audiencia cautelar, en la cual se discutirá sobre la procedencia, proporcionalidad, conveniencia y necesidad de mantener la medida cautelar.

Artículo 118. Acuerdo o negativa de la medida cautelar. Presentada la solicitud cautelar, el Juez o Jueza proveerá preliminarmente sobre ella, sin necesidad de oír a la otra parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, de manera sucinta, en la cual analizará los factores que pudieran afectar la justificación y procedencia de la medida cautelar, negando o acordándola conforme a su prudencial arbitrio razonado. Si en el transcurso de la tramitación de la solicitud, algún interesado o interesada se opusiera por escrito, el lapso de decisión se prorrogará automáticamente, por una sola vez, por diez (10) días hábiles.

El Juez o Jueza podrá conceder medidas cautelares diferentes a las solicitadas si considerare que son otras y no las solicitadas, las que satisfacen los intereses en juego, no solamente el del solicitante sino de la colectividad.

Artículo 119. Incidencia. En caso de declarar procedente la medida cautelar solicitada, se abrirá una incidencia en la cual, notificada la contraparte, se fijará una audiencia oral en la cual se debatirá la oposición que se presentase, permitiendo a las partes presentar sus argumentos, réplicas y contrarréplicas, así como hacer observaciones respecto a las pruebas sobre las cuales se funde la solicitud de medida cautelar, así como las pruebas promovidas para rechazarlas.

Al finalizar el acto, el Juez o Jueza decidirá sumariamente sobre si ratifica, modifica o revoca la medida, o si solicita a la parte la constitución de una caución, que determinará en ese acto.

Artículo 120. No adelantamiento de opinión en las medidas cautelares. Las decisiones que versen sobre medidas cautelares no podrán ser empleadas para justificar solicitudes de recusación o denuncias sobre prejuzgamiento, a menos que ésta invada de manera tangible y ostensible el fondo de la litis. La sentencia que se dictare en la audiencia oral podrá ser apelada en un solo efecto ante el superior, conjuntamente con la decisión preliminar cautelar.

Artículo 121. Decreto de la medida cautelar en caso de urgencia. En casos de probada urgencia, el Juez o Jueza Ponente, en caso de tratarse de un tribunal colegiado, podrá decretar la medida cautelar solicitada sin el concurso de los demás jueces, pero dicha medida deberá ser ratificada en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles, si la Administración recurrida o la contraparte no está a derecho.

Si la Administración o aquella parte contra la cual obre la medida se encuentran a derecho, la medida será revisada durante la audiencia cautelar.

Artículo 122. Prueba que sustenta la medida. Toda solicitud de medida cautelar deberá estar sustentada en medios de prueba fehacientes de los que derive la necesidad de proveer inmediatamente para proteger al solicitante en el goce de sus derechos a la justicia y la tutela judicial efectiva, incluso si se trata de medidas anticipativas.

Los medios probatorios sobre los cuales se funden las solicitudes, serán traídos a los autos sin formalidades.

TÍTULO VIII

DEL RECURSO DE CONTROL DE LEGALIDAD

Artículo 123. Recurso de control de legalidad. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud de parte, revisar aquellos fallos definitivos dictados en segunda instancia por las cortes de lo contencioso administrativo, que violenten o amenacen con violentar normas de orden público o cuando contraríe la jurisprudencia reiterada de la referida Sala.

Artículo 124. Oportunidad para interponer el recurso. El recurso de Control de Legalidad deberá interponerse dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la publicación del fallo, por ante la Corte Regional que lo haya dictado. En ningún caso el escrito contentivo del recurso de control de legalidad podrá exceder de los cinco (5) folios útiles y sus vueltos, deberá acompañarse con una copia simple o certificada de la sentencia recurrida y deberá hacer mención expresa de la normas o normas violadas o de la jurisprudencia trasgredida, sin que en ningún caso se pueda convertir en una tercera instancia de conocimiento de la causa.

Artículo 125. Remisión del expediente. La Corte Regional de lo Contencioso Administrativo deberá remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia inmediatamente, dejando constancia en el auto que ordena la remisión el día en que comenzó a correr el lapso para la interposición del recurso y los días de despacho transcurridos para su ejercicio, a los fines de que la Sala Político Administrativa pueda constatar el cumplimientos de admisibilidad relativo a la oportunidad para su interposición, establecido en el artículo anterior.

Una vez que el expediente sea recibido por la Sala Político Administrativa, ésta decidirá sumariamente con relación a la solicitud.

Artículo 126. Declaratoria de inadmisibilidad. La declaratoria de inadmisibilidad del recurso se hará constar de forma escrita por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sin necesidad de motivación alguna.

Artículo 127. Multa. El recurrente que interponga el recurso de manera temeraria será multado hasta por un monto de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T). El auto por el cual imponga la multa deberá ser motivado.

Artículo 128. Alegatos de la contraparte. En caso de que el recurso sea admitido, se dejarán transcurrir diez (10) días de despacho para que la contraparte pueda consignar por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del recurrente.

Transcurrido dicho lapso sin que la contraparte haya consignado sus alegatos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia deberá dictar decisión dentro de los quince (15) días de despacho siguientes.

De existir contestación al recurso, la Sala Político Administrativa una vez transcurrido íntegramente el lapso para ello, indicará mediante auto la oportunidad en que tendrá lugar la audiencia oral y pública, en la cual las partes formularán sus conclusiones con relación al recurso incoado.

Artículo 129. Desistimiento tácito. Si la parte recurrente no asistiere a la audiencia oral, se entenderá desistido el recurso y se archivará el expediente, salvo que el Juez o Jueza evidenciare violaciones graves del orden público o de la jurisprudencia reiterada de la Sala Político Administrativa que amerite su pronunciamiento. En caso de que sea la contraparte quien no asistiere al referido acto, se considerarán admitidos todos los alegatos del recurrente. En ambos casos se impondrá, mediante auto motivado, multa de hasta cien unidades tributarias (100 U.T).

Artículo 130. Lapso para dictar sentencia. Luego de verificada la audiencia oral, no se admitirá la presentación de otros escritos o alegatos y comenzará a transcurrir el lapso de quince (15) días de despacho para que la Sala dicte sentencia.

Artículo 131. Contenido de la sentencia. En la sentencia que decida el recurso de control de la legalidad, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá declarar la nulidad del fallo, ordenando la reposición de la causa al estado en que se reestablezca el orden jurídico infringido. Asimismo, podrá decidir el fondo de la controversia planteada, anulando el fallo de la Corte Regional, cuando no considere procedente el reenvío. En caso de declararse sin lugar el recurso, el fallo impugnado quedará definitivamente firme.

TITULO IX

RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO

Artículo 132. Régimen Transitorio. Este régimen se aplicará a los procesos judiciales que estén en curso antes de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, serán tramitados conforme la legislación que se encontraba vigente para el momento de su interposición, los cuales seguirían siendo juzgados en su tribunal de origen, dentro de la organización que establezca el Tribunal Supremo de Justicia, hasta la terminación del juicio.

La sentencia definitiva podrá ser apelada dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a su publicación o notificación. De la apelación conocerá el correspondiente tribunal superior de conformidad con las disposiciones de esta ley.

Artículo 133. Pérdida del interés. En las causas que a la fecha de la publicación de esta ley se encuentren paralizadas por más de un (1) año, después de vista la causa, las partes deberán manifestar su interés de que se dicte sentencia, dentro del lapso de treinta (30) días continuos. Verificado dicho lapso sin que las partes manifestaran su interés, el tribunal declarará la pérdida del interés y ordenará el archivo del expediente.

26. Se recomienda suprimir, por inconstitucional, el artículo 133 en su totalidad. El transcurso de más de un (1) año para dictar sentencia es absolutamente contrario al espíritu del juicio oral y debería convertirse en una situación superada, a partir de la vigencia de la nueva ley. En el supuesto en que se presente tal situación, la misma debería dar lugar a la responsabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución, según el cual “Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.” La perención o la presunción denominada “pérdida del interés”, originada por el retardo imputable al juez, constituye una carga injusta para el particular y una infracción al derecho a la tutela judicial efectiva. 27. Por los mismos motivos debe ser suprimido el contenido de la segunda frase del primer párrafo del artículo 135

OBSERVACIONES

Artículo 134. Causas en segunda instancia. Las causas que se encuentren en segunda instancia serán resueltas por el respectivo tribunal, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su entrada en vigencia, de conformidad con el procedimiento establecido en esta Ley.

Artículo 135. Perención. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.

La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio, por auto expreso del tribunal.

Artículo 136. Extinción del proceso. La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda y solamente extingue el proceso. En tal sentido, no corren los lapsos de prescripción legalmente establecidos y no se aplica la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1.972 del Código Civil.

Artículo 137. Nueva proposición de la demanda. En ningún caso la parte demandante podrá volver a proponer la demanda, si no hubieren transcurrido noventa (90) días después de declarada la perención de la instancia.

TITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Esta ley entrará en vigencia al año siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo lo dispuesto en los artículos 138 (Relativo a la pérdida del interés) y 140 (Relativo a la perención) de esta ley, los cuales entrarán en vigencia desde su fecha de publicación.

Queda derogada cualquier disposición que contraríe lo dispuesto en esta ley.

SEGUNDA: La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia podrá, mediante resolución motivada, diferir la entrada en vigencia de la presente ley, en aquellos circuitos judiciales donde no estén dadas las condiciones mínimas indispensables para su aplicación efectiva.

TERCERA: Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los procesos que se inicien desde su vigencia, sin perjuicio de lo establecido en el Título IX de esta ley (Referente al régimen procesal transitorio)

CUARTA: El Ejecutivo Nacional incluirá en la ley de presupuesto anual, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, los recursos económicos necesarios que garanticen el funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativo prevista en esta ley, los mismo deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional.

QUINTA: Quedan derogadas todas las normas que colidan con esta ley o regulen el procedimiento contencioso administrativo y la Jurisdicción Contencioso Administrativa.